Agencia Tributaria, el cortijo de Montoro

Un nuevo escándalo ha salpicado a la Agencia Tributaria y ya van demasiados como para pensar que se tratan casos aislados y que nada tienen que ver con la línea política que ha impuesto el ministro Montoro.

Después de la vergonzosa amnistía fiscal, puesta en marcha nada más aterrizar el PP en el gobierno, las subidas del IRPF, la persecución fiscal a todo aquel que osaba criticar la gestión del ejecutivo o el sonrojante asunto del DNI de la infanta Cristina, nos encontramos ahora, desde hace ya algunos días con el caso CEMEX, que ha provocado un cisma dentro de la propia Agencia y que ha supuesto ceses, enfrentamientos internos, dimisiones y cruces de acusaciones por parte de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE. A la espera de cómo terminará esto, lo que sí está claro es que el ministro Montoro ha convertido la Agencia Tributaria en su particular cortijo y en un arma de ataque contra todos los que van en contra de una gestión fiscal que deja mucho que desear.

Este último lío salió a la luz con la destitución de un inspector, Luis Jones, por haberse negado a anular la multa de 450 millones de euros a la cementera mexicana CEMEX por presunto fraude fiscal. Tras la marcha de Jones, se produjeron más dimisiones a causa de la encubierta destitución de dicho inspector y han saltado las alarmas dentro de la institución, ya que hay una guerra entre el Ministro Montoro y sus partidarios y el resto de inspectores –acusados por el propio ministro de filtrar información confidencial sin ninguna prueba- que no están de acuerdo con la actuación de la Agencia Tributaria en este y otros casos que han ocurrido en estos dos años.

Cristobal Montoro atribuye el escándalo de las dimisiones a la mala relación del director del organismo con sus cargos de confianza, una explicación tan pueril como malntencionada por parte del mandamás de la Agencia, quien en lugar de resolver el problema se ha limitado a echar más leña al fuego, acusando a los que se han ido de constituir un nido de socialistas que hacían oposición a la actuación del Ministerio de Hacienda. Lo cual ha provocado las airadas protestas de la oposición, quien, por alusiones, ha señalado una flagrante caza de brujas dentro de la Agencia Tributaria. Y como siempre nadie es responsable da nada y nadie dimite.

Por si fuera poco, además, el Ministro ha acusado en sede parlamentaria -no es la primera vez, ya lo hizo con otros colectivos como los artistas- a los medios de comunicación que destaparon el escándalo de tener problemas con la Agencia Tributaria, motivo, según Montoro, por el que se han esforzado tanto con dicha información. Dejando a un lado que estas acusaciones -que no son otra cosa que amenazas veladas, cuando menos repugnantes- son propias de un barriobajero ser sin escrúpulos totalmente indigno de ocupar un cargo público, centrándonos en lo estrictamente legal y con la ley en la mano, un juez, si se produjera una denuncia de alguno de los medios aludidos, podría interpretar estas palabras como un delito de prevaricación ya que, utilizar una información confidencial, que se conoce por el desempeño de las funciones derivadas del cargo público que se ocupa, para advertir o amenazar a otro, coartar o limitar su actuación, constituye un abuso de autoridad.

Dudamos mucho que esto derive en una actuación judicial y tanto los miembros implicados de la Agencia Tributaria como el propio Ministro Montoro paguen por este bochornoso escándalo, más bien se quedará en nada como la amnistía fiscal, o lo de la Infanta. De lo que sí estamos seguros es de que cada vez que se descubre un escándalo de este tipo, España se hunde un poco más y la pérdida de confianza de los ciudadanos en  las instituciones públicas desgasta un poco más lo poco que queda ya del estado de derecho. No, Hacienda no somos todos.