Con el ingreso en prisión de Antonio Fernández, ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, la acción de la Justicia se acerca ya a los que, por lógica, deben ser los máximos responsables de la trama de los EREs falsos y trucados: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La jueza Alaya está convencida de que lo de los EREs no fue un accidente o el resultado del comportamniento delictivo de algunas personas, sino la consecuencia de una forma corrupta y abusiva de entender el poder en Andalucía.
El encarcelamiento del ex consejero de Empleo se debe a dos motivos principales: el primero es que la Justicia le atribuye delitos muy graves contra la ciudadanía, la democracia, las arcas públicas y el bien común, y el segundo es que ha actuado como miembro de un equipo de gobierno coordinado y dirigido por un presidente y como militante de un partido que ha convertido la gestión pública de Andalucóa en uno de los mejores negocios del planeta, con capacidad para recaudar más que la Cosa Nostra en todo un año y de obtener más beneficios que el Cártel de Medellín y los asaltantes del tres de Glasgow.
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, considera que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández "habría hecho una dejación absoluta de las funciones que le correspondían, generando las lamentables consecuencias que se han producido de enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas de la comunidad autónoma andaluza por el despilfarro continuado de fondos públicos", y todo ello "por la absoluta falta de control, autorizada, conocida y consentida" por el imputado. En su auto, la jueza Alaya critica que Fernández permitió enriquecer 'a unos' y 'empobreció' las arcas públicas y ordena encarcelarlo, sin fianza, por la gravedad de los indicios. Cree que el ex consejero ideó, elaboró y dijo cómo aplicar las ayudas ilícitas y critica su 'absoluto desprecio al Derecho prolongado en el tiempo' . La juez dice que investigará si las ayudas se dieron con criterios políticos o jurídicos, le acusa de 'malversación continuada' y reprocha que el ex consejero no haya hecho nada por reintegrar el dinero.
"Lo verdaderamente grave es que durante tanto tiempo se haya podido olvidar el cumplimiento de la Ley" en la Junta, dice el auto de prisión.
Aunque la Junta de Andalucía, de la que Fernández ha formado parte como consejero, lo que representa el máximo rango posible, exceptuando el de presidente del gobierno, parece haberse desentendido de los delitos y abusos del imputado, el enorme drama de Antonio Fernández y su ingreso en prisión no pueden entenderse desvinculados del PSOE y del gobierno andaluz, cuyo deterioro y alto nivel de corrupción han podido alcanzar cuotas espeluznantes, capaces de sorprender todavía mucho más a la comunidad política internacional y a los mismos ciudadanos andaluces.
El deterioro y la podredumbre que puede alcanzar el poder cuando permanece demasiado tiempo gobernando es sobrecogedor e intolerable, no solo para cualquier demócrata, sino tambien para cualquier ciudadano decente y digno. El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente y, cuando ese poder es, también, demasiado duradero y sin alternancia, la corrupción se hace nauseabunda, altamente peligrosa y contaminante.
No es posible calcular con precisión los "beneficios" reportados por la gran corrupción andaluza a los que han abusado del poder tanto tiempo y con tamaña impunidad, pero algunos expertos aventuran cifras que sobrepasan los 30.000 millones de euros, en las tres últimas décadas..
Con muchos medios de comunicación influyentes bajo control y blindando al poder, empezando por la televisión pública de Canal Sur, y con layes, aprobadas por la misma casta política para garantizar su impunidad práctica, el socialismo andaluz ha alcanzado niveles de deterioro y corrupción tan impresionantes que en el futuro serán estudiados en las universidades y escuelas de negocios de todo el mundo como ejemplo de lo que nunca debe hacerse en política democrática.
Tampoco es aventurado afirmar que el juicio a los EREs mafiosos y trucados de la Junta de Andalucía representa apenas el uno por ciento del inmenso océano de la corrupción institucional y política andaluza, donde, en espera de ser juzgados por una Justicia que parece despertar, existen centenares de concursos públicos trucados y concedidos a dedo, cientos de millones de euros cobrados mediante comisiones ilegales, subvenciones concedidas a cambio de comisiones y contrapartidas, recalificaciones de suelos ilegales, oposiciones trampeadas, marginación de empresarios y de ciudadanos como represalia por pensar de manera diferente al poder y un largo etcétera de abusos, arbitrariedades y delitos que, cuando sean destapados y juzgados, inundarán y contaminarán por decenas de años el suelo andaluz y el prestigio de esa región española.
Es más que probable que Antonio Fernández solo sea el primero de una larga procesión de corruptos, todos ellos vinculados a la cúspide del poder en Andalucía, que irán sentándose en el banquillo como imputados y como protagonistas de una etapa de la historia de España que nunca debería olvidarse para que nunca más sea tolerada por los ciudadanos.
Muchos andaluces tienen vivencias y datos que avalan ese mar de corrupción que ha inundado estas tierras durante demasiado tiempo, sin que, para oprobio del pueblo andaluz, casi nadie se haya rebelado contra esa ignominia. Muchos han visto como se contrataba a dedo, sin concurso alguno, a familiares de poderosos y amigos del partidos, como se contrataba también a familiares de altísimos cargos del PSOE andaluz para, con su ayuda, poder ganar concursos públicos u obtener subvenciones oficiales ventajosas. Muchos conocen a recaudadores del partido que pedían dinero a los que contrataban con la Junta. Han visto como algunos cobraban por mover expedientes y lograr que la administración pagara antes a los que anticipaban dinero a los corruptos. Han sido testigos de concursos públicos diseñados a medida, para que determinadas empresas los ganaran y han visto como algunos empresarios han sido ignominiosa e injustamente vetados, sólo porque no eran amigos del poder. Saben que muchos miles de facturas han sido trucadas para poder pagar con fondos públicos miles de actuaciones ajenas al bien común.
El océano del estiércol andaluz es tan inmenso, que la Justicia tiene trabajo garantizado al menos para el próximo medio siglo, si mantiene su ritmo actual y no refuerza, como debiera, con tribunales especiales, la necesaria y vital tarea de limpiar Andalucía de marranadas.
En este desolador panorama delictivo hay tres grandes culpables:
El primero y el principal es el "delincuente político", una especie siempre cercana a los santuarios del poder que en Andalucía ha crecido hasta convertirse en un peligro para la sociedad y la decencia.
El segundo es el ciudadano, que ha sido cobarde y miserable, silencioso y cómplice, incapaz de denunciar y exigir decencia al poder, siempre dispuesto a estar cerca del poder y del delito, por si podía recibir algo del gran festín. El espectáculo de los empresarios andaluces babosos, doblando la espalda ante consejeros y funcionarios corruptos en cócteles y actos públicos, ha sido deprimente durante las dos últimas décadas y manchara la Historia de Andalucía durante mucho tiempo.
El tercero es la Justicia andaluza, que durante demasiado tiempo ha cerrado los ojos y los oídos ante la gran corrupción, a pesar de que el hedor de la cloaca inundaba los palacios de Justicia, los despachos, las sedes de los colegios profesionales y hasta las salas donde los tribunales deliberaban y juzgaban.
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