(Argentina) Educación superior y solidaridad

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Mientras avanza en el Congreso el proyecto de una nueva ley de educación superior, la importancia decisiva que su implementación tendrá para el futuro de los jóvenes argentinos exige elaborar aportes a todos los miembros de la comunidad que estén en condiciones de hacerlo.
Desde el gobierno nacional, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se sancionaron leyes tan necesarias como la de financiamiento educativo, la de educación nacional y la de educación técnica. A pesar de las intenciones del ex ministro de Educación, Daniel Filmus, de convertir 2007 en "el año de la ley de educación superior", quedó para el actual gobierno ese tratamiento y la jerarquización de casas de altos estudios que en los últimos años han perdido calidad académica. Hasta ahora, ambas cámaras del Congreso han estado muy activas en su trabajo y, como dijo la diputada Adriana Puiggrós (Buenos Aires-Frente para la Victoria), "la intención es elevar el nivel de la discusión, que no se sancione una ley sobre la base de intereses sectoriales".
Es entonces un momento más que oportuno para precisar algunos temas que merecen especial atención. Sobre todo, el aspecto de la notoria debilidad de nuestro sistema educativo en su casi nula solidaridad social. La mayoría de los alumnos que asisten a las universidades estatales argentinas provienen de familias de clases medias y altas. A pesar de ello, está fuertemente arraigada en la sociedad argentina la idea de que los estudios universitarios deben ser gratuitos. Cabe decir que, en tanto vaya unida al ideario del ingreso irrestricto, el modelo de universidad masiva y gratuita seguirá siendo financieramente inviable, en tanto afecta sin duda la calidad de la enseñanza. El principio de la gratuidad de la educación universitaria estatal es engañoso, porque en los hechos consagra una realidad que no favorece la equidad social.
Sin embargo, arancelar o no arancelar no son las dos únicas alternativas. Hay un camino intermedio y es el de la solidaridad entre generaciones, por medio de una contribución de los graduados. Una propuesta de este tipo fue plasmada hace 20 años en un proyecto de ley de los entonces diputados Federico Storani y Jorge Vanossi. Y, en 2003, cuando era rector de la UBA Guillermo Jaim Etcheverry, ante la preocupante situación financiera de la universidad más grande del país, se decidió lanzar una campaña para convocar a sus graduados y a distintas empresas a hacer aportes.
La contribución de graduados también tiene vigencia desde hace bastante tiempo en muchos países, entre otros, Australia y Uruguay. Es interesante observar el caso de Uruguay: existe allí desde 1994, con cambios posteriores, un Fondo de Solidaridad al que deben aportar todos los graduados terciarios a partir del quinto año de su graduación. Aproximadamente dos tercios de los fondos se destinan a otorgar becas, y el tercio restante a la Universidad de la República. Las becas son el modo más claro de concretar el componente solidario del sistema. Hay cerca de 5000 becarios anuales (90 por ciento del interior del país), lo que representa el 5,5 por ciento de los estudiantes universitarios. El monto de la beca es de 110 dólares por mes, aproximadamente. Los pagos para quienes estudiaron carreras de cinco o más años son de 300 dólares anuales. Sólo están exceptuadas las personas cuyos ingresos son muy bajos (menos de 355 dólares mensuales).
El contraste con nuestra realidad es muy marcado. En la Argentina, los becarios son aproximadamente 32.000, un tercio de ellos está financiado por el gobierno nacional y el resto directamente por las universidades. El monto de cada una de las becas nacionales es sólo un 60 por ciento del que se otorga en el Uruguay. La proporción sobre el total de estudiantes (1.300.000 en las universidades nacionales) resulta ser así de sólo un 2,5 por ciento, menos de la mitad que en el país vecino. No menos de 20.000 estudiantes que se presentan a obtener becas son rechazados.
Una contribución análoga a la que realizan los profesionales uruguayos al Fondo de Solidaridad permitiría recaudar cerca de 1000 millones de pesos, lo que representa la nada despreciable proporción del 18 por ciento del total del presupuesto universitario. Si la mitad de ese fondo se asignara a becas, los alumnos beneficiarios de becas nacionales podrían ser 120.000, en vez de 10.000. Se trata de una ayuda decisiva para mejorar la equidad del sistema universitario.
Restarían incluso 500 millones de pesos para destinar al presupuesto de las universidades. Si bien la cifra puede parecer pequeña y alcanza sólo a un 9 por ciento del total, sería una ayuda decisiva para mejorar la calidad de la enseñanza universitaria, financiando a más profesores con dedicación exclusiva, mejores bibliotecas, laboratorios y equipos.
En momentos en que tanto se habla, y con razón, de la necesidad de lograr una distribución más equitativa del ingreso nacional, crear un fondo de solidaridad de esta índole sería una prueba de la real voluntad de lograr tan importante objetivo. Y daría al proyecto definitivo de la nueva ley de educación superior esa cuota de solidaridad social que tanto ha contribuido a solucionar temas graves en otros ámbitos igualmente importantes del país.
Fuente: lanacion.com.ar