La amenaza separatista de Artur Mas, con la que simpatizan muchos catalanes con el cerebro lavado por la patriotería y el egoísmo económico, tiene respuesta constitucional y penal.
La primera, ordena imponer la voluntad del Estado, según el Art. 155, por el que se podrá obligar a la Comunidad Autónoma “al cumplimiento forzoso” de sus obligaciones o para la protección del interés general.
Como Artur Mas está negándose a cumplir la Constitución y las leyes que emanan de ella, quizás debería aplicársele ya el Código Penal, que considera su respuesta rebelión o sedición.
Como de momento su desobediencia es pacífica será reo del delito de sedición, Art. 544, previsto para “los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad (…)”
La penas previstas son “de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad”.
Pero si se resiste será reo del delito de rebelión, Art. 472, por alzarse “violenta y públicamente” para fines como “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”, que es lo que ocurriría si los Mossos d’Esquadra, a los que Mas les ha dicho que deberán defenderlo, se opusieran a los otros cuerpos de seguridad del Estado.
En este caso se le aplica el Art. 473: “los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años”.
Alguna de esas condenas parece buscarlas valientemente Mas, vocación de mártir, pero sobre todo cobarde al no presentarse ante el Parlamento para defender su independentismo.
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