¿Aún te quedan ganas de pagar el euro por receta en Madrid?

Cuando los que nos predican  e imponen austeridad llevan vidas tan poco ejemplares, la desobediencia a sus normas se convierte en un deber ético. En eso consiste la desobediencia civil. 
Dejo para el siglo que viene la bizantina y recurrente discusión ontológica sobre si todos los políticos son iguales. Porque ello implica establecer subcategorías de igualdad, V.g.: color del pelo, índices de masa corporal, estulticia y corruptibilidad. Lo que hoy me interesa destacar es que, aquí y ahora, en Madrid, los políticos que integran el equipo de Gobierno regional se conducen de manera tal que cada mañana me despierto con ataques de vómito al escuchar sus  declaraciones.
En concreto, las que realizan los principales implicados en la vampirización de la Sanidad Pública: a saber, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Juan José Güemes.
 
   Principal instigadora de la privatización de los servicios públicos de salud madrileños y, al cabo de varias décadas temporalmente apartada de la percepción de un salario público, Esperanza Aguirre acaba de descolgarse con una singular propuesta: que para ser cargo público haya habido que trabajar antes en "alguna otra cosa [...] No puede haber políticos que no hayan cotizado a la Seguridad Social o que hayan sido autónomos". Esto, con el fin de que la política "no se convierta en una cosa de mediocres funcionarios sino el lugar donde van los mejores".
   Es un auténtico sarcasmo que esto lo diga precisamente Esperanza Aguirre, vulgarmente conocida por el alias de Condesa de la Mamandurria. Tal vez por eso de que de casta le viene al galgo, y  Esperanza Fuencisla es hija de José Luis Aguirre Borrell, que fue procurador en Cortes por el tercio sindical durante siete legislaturas como Empresario del Sindicato Nacional de Combustible. Dos años después de acabar sus estudios de Derecho, Esperanza Fuencisla accedió en 1976 al Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo por oposición. Mérito que debe anotarse en su haber, aunque no tanto el hecho de ocupar la jefatura de servicio de Publicidad de Turismo de la Secretaría de Estado de Turismo justo cuando su tío, Ignacio Aguirre Borrell, era Secretario de Estado de Turismo. A partir de ahí ha vivido siempre de un sueldo público, bien como funcionaria o cargo electo.
   Otrosí puede decirse de Ignacio González, el suplente al que Aguirre dejó situado para que lleve a término el plan de acoso y derribo de la Sanidad pública madrileña. González es otro funcionario que ha desarrollado el grueso de su carrera ocupando cargos políticos. Por tanto, jamás "ha cotizado a la Seguridad Social" trabajando en una empresa privada o como emprendedor. Otro liberal.
   Resulta que González acaba de comprarse el ático en en el que veranea desde hace años, en una lujosa urbanización cercana a Marbella. Hasta aquí todo normal, como el resto de los españoles Que tire la primera piedra el que no tenga, o no aspire a tener una segunda residencia para las vacaciones? Lo raro del caso es que González sintiera tantos reparos en declarar su normalidad. Pues ha venido negando sistemáticamente esa operación hasta que una juez de Estepona ha comenzado a investigar quién es el propietario del inmueble, un dúplex de lujo de casi 500 metros cuadrados, escriturado en 770.000 euros, pero del que las malas lenguas dicen que vale un millón*. Vamos, algo también normal para lo que se estila en estos tiempos de austeridad.

   ¿Es normal que un alto cargo público compre una vivienda a una empresa domiciliada en un paraíso fiscal? En concreto en Delaware (Estados Unidos) donde radica la sede social de Coast Investor LLC, la sociedad propietaria del piso hasta ahora. Bueno, viendo los hábitos del PP y sus tesoreros, debe ser normal. Ahora bien ¿Es ético?

  El tercer ejemplo de ética y vampirización de recursos públicos es el de Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad del Gobierno regional de Madrid. Güemes formó parte del equipo de gobierno presidido por Esperanza Aguirre entre 2008 y 2010, que abandonó para dedicarse a la empresa privada. En 2008, bajo mandato de Güemes, la Consejería de Sanidad decidió que las pruebas analíticas de unos 1,2 millones de madrileños las gestionara una empresa privada y convócó un concurso público para adjudicar el servicio durante ocho años, con posibilidad de prórroga hasta 10. El concurso lo ganó la Unión Técnica de Empresas (UTE), formada por Ribera Salud y Balagué. La empresa suiza Unilabs también se presentó al concurso, pero lo perdió. Aparentemente, pues en noviembre de 2012 Unilabs compró el 55% que gestiona los laboratorios de seis hospitales públicos del sur de Madrid. Entonces, una información de la Cadena Ser descubrió el pastel: desde junio de 2012, Güemes había comenzó a trabajar para Unilabs, que le nombró consejero.
   O sea, una operación redonda: siendo consejero de Sanidad, Güemes privatiza un servicio. Dos años más tarde, es contratado por una empresa diferente de la que se adjudicó el concurso, con lo cual Güemes no incumple el régimen de incompatibilidades. Pero al poco tiempo, esta empresa compra el 50% de la UTE adjudicataria. El escándalo fue de tal magnitud, que a los pocos días tuvo que dimitir de su cargo en la empresa sanitaria Unilabs. Lo más chocante del caso fue el apoyo público expresado por el Gobierno regional y por altos dirigentes del PP. Tanto Aguirre como Ignacio González y hasta la Defensora del Pueblo, apostaron por la corrección legal, ética y estética del empleo de Juan José Güemes.
Las nada ejemplares vidas y trayectorias profesionales de estos tres personajes constituyen un perfecto ejemplo de la tensión existente en lo legal y lo legítimo. Aparte de privatizar hospitales y ambulatorios de la Sanidad Pública madrileña, González acaba de implantar el pago de un euro por receta médica. Una medida que puede que ni siquiera sea legal, dado que el Gobierno Rajoy acaba de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Pero lo que no cabe duda es que es de todo punto ilegítima. En primer lugar, porque significa un repago que viene a mermar los ingresos de los trabajadores y pensionistas más humildes. En segundo lugar, porque la desfachatez de estos eternos vividores de la mamandurria, no invita a respetar sus normas.
  No sé qué les parecerá a ustedes, pero en tales circunstancias, pagar el euro por receta para que otros hagan oscuros negocios a nuestra costa es del género tonto; si me apuran, de pringaos. Que lo paguen, si así les place, los votantes del PP. Mas, por lo que a un servidor concierne, declaro que lo va a pagar Rita la Cantaora.
   Para aclarar las cosas, permítanme recordarles que la desobediencia civil está considerada como una actitud legítima contra el Derecho, pero no un “derecho” en el sentido técnico del término. En su clásico libro Teoría de la Justicia, John Rawls, figura de referencia en la esfera jurídica internacional, adopta esta la definición de la desobediencia civil, formulada originalmente por Hugo Adam Bedau:
"Alguien comete un acto de desobediencia civil, si y sólo si, actúa de manera ilegal, pública, sin violencia y conscientemente, con la intención de frustrar las leyes, políticas o decisiones de un gobierno."
   Aunque de menor cuantía y casi de tercera regional, no pagar esta tasa es un acto de desobediencia civil que conviene practicar para cuando llegue el momento de ejercer la desobediencia a lo grande.

_______________________________________ (*)  La juez de Estepona, en un auto fechado el pasado 9 de enero, también da por incorporado a la causa un informe de 141 folios sobre el ático elaborado por la Fiscalía Anticorrupción. Esta investigación tiene su origen en una denuncia presentada ante ese juzgado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), empeñado en demostrar que el citado ático es propiedad del presidente madrileño a través de sociedades interpuestas. La denuncia sostiene que el piso fue comprado en 2008 "por un fiduciario habitual llamado Rudy Valner, en nombre de una sociedad off shore llamada Coast Inverstors" por un millón de euros.