Caso de corrupción

Caso PAMI: procesaron y liberaron a los 2 acusados
Son los exfuncionarios Clavel y Páez. Les imputan, entre otros delitos, estafa y pedidos de coima.
Por Leonardo Domínguez - Diario De Cuyo
La situación del exdirector del PAMI local Jorge Clavel y su colaborador Leonardo Páez es cada vez más complicada. El juez que los investiga los procesó por la comisión de los delitos de estafa, coima e incumplimiento de los deberes a su cargo mientras fueron funcionarios del organismo y quedaron encaminados a tener que enfrentar un juicio oral y público, aunque sus abogados defensores aseguraron que apelarán la resolución. La buena para ellos es que el magistrado les concedió la excarcelación, por lo que desde anoche están en sus casas.

Los exfuncionarios quedaron en la mira de la Justicia por una denuncia que presentó Unidad Fiscal para la Investigación (UFI) en 2013 y en los primeros días de abril de este año fueron detenidos por orden del juez Federal Leopoldo Rago Gallo. Los dos están acusados de favorecer a empresas prestadoras del PAMI, autorizar el pago de trabajos que no se hicieron y pedirles coima a proveedores. Y con la medida dictada por el magistrado, se ven más comprometidos debido a que esas violaciones al Código Penal han “quedado demostradas con el grado de probabilidad necesaria” en la etapa de instrucción del proceso.
Clavel llegó a la conducción del PAMI en 2004 y Páez fue su mano derecha como responsable del área donde se cocinan todas las cuestiones administrativas y contables. El primero estuvo a cargo de la institución hasta agosto de 2010 y su salida fue en medio de un clima de conflictivo, en el que los empleados de la institución hasta se manifestaron pidiendo que se vaya por la convulsionada relación que arrastraban con él. 
El procesamiento que les recayó es por los delitos de defraudación contra la administración pública, exacciones ilegales (conocido como coima) y violación a los deberes de funcionario público. Todos son excarcelables por conllevar penas mínimas menores a los 3 años de prisión, por lo que no quedarían tras las rejas en caso de ser condenados. Sin embargo, si los encuentran responsables del segundo delito, podrían verse privados de volver a ocupar un cargo público por el término de 5 años. 
Además de pruebas documentales, el juez se basó en más de una decena de testimonios recogidos en el marco de la investigación. Entre ellos, empleados del organismo y proveedores del PAMI que afirmaron que fueron víctimas de pedidos de coima para seguir prestando servicios o poder cobrar. Así las cosas, tanto a Clavel como a Páez les enrostra 5 hechos (ver aparte).
Eduardo Arias, propietario del Supermercado Dalmiro Arias, declaró en la causa que para poder participar de los concursos de proveedores que realizaba el PAMI, “un tal Sr. Páez” le pidió que le entregara 700 pesos. Mientras que Oscar Kerman, expresidente de la Asociación Sanjuanina de Oftalmología, una de las entidades prestadoras de salud de la institución nacional, dijo en su testimonial ante la Justicia que “le fue sugerido por parte de Clavel algún tipo de colaboración”. 
Por otra parte, el empleado del PAMI Daniel Barrios dio fe de que bajo la gestión de Clavel se inició un expediente interno para advertir por trabajos que contrató la entidad y que no se hicieron. Se trata de una reparación eléctrica en dos sedes del organismo que aparentemente se pagaron aún cuando no se ejecutó o se hizo parcialmente.
Además del procesamiento, Rago Gallo hizo lugar a un pedido de excarcelación de los imputados y a modo de caución, a cada uno le trabó un embargo sobre sus bienes de 150 mil pesos. Clavel y Páez estaban detenidos en el Penal de Chimbas y recuperaron la libertad en horas de la noche, ya que el magistrado entiende que no hay peligro de fuga y que estando fuera de la cárcel no entorpecerán el avance de la investigación. 
Ahora, sus abogados planean apelar al procesamiento a la Cámara Federal con asiento en Mendoza. Según Juan Bautista Bueno, el defensor de Páez, “la calificación dada por el juez contrasta con las constancias del expediente y se omiten considerar nulidades que hacen al derecho de defensa”.
Si la resolución dictada por Rago Gallo es confirmada en segunda instancia, los exfuncionarios quedarían más cerca de tener que sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio de carácter público. Si eventualmente es revocada, Clavel y Páez zafarían de los delitos que les imputan, ya sea por ser sobreseídos o por verse beneficiados con una falta de mérito.