Causas del porqué de la carestía de la electricidad en España

¿Cómo se fija el precio que pagamos por la electricidad?

A día de hoy, se fija en base a tres apartados: un 40% son los peajes, es decir, transporte, distribución, subvenciones y amortización del déficit de tarifa, etc, que no varían; un 25% son los impuestos que impone el Gobierno, es decir, el IVA y el de la electricidad; y, finalmente, un 35% es el que se establece a través de las empresas productoras, es decir, las grandes eléctricas.

Compañías como Endesa, Iberdrola o Unión Fenosa, entre otras, ofertan cada día su producción a las comercializadoras, que son las que nos envían las facturas, y que a su vez les pertenecen.

El proceso de estas subastas es bastante simple: se ordenan los productores de electricidad de más baratos (renovables y nuclear) a más caros (gas, carbón, etc). A continuación, entran en la subasta hasta que no es necesario más energía. El precio lo establece el último megavatio hora en entrar en subasta. En resumen, es una especie de mercado de abastos eléctrico.

Como os podéis imaginar, los últimos precios son los generados con gas y carbón, que son los más caros. Así que, al final, el precio de la electricidad, sea del origen que sea, será el que marcó la última central al entrar (en lugar de aplicar una media).

Por lo tanto, podemos decir que uno de los principales responsables del elevado precio del KW serían las comercializadoras de Gas, pues cuando la punta de consumo se dispara el enganche al suministro eléctrico a través de la energía producida por los ciclos combinados en las centrales eléctricas alimentadas por gas dispara considerablemente el precio. Sin olvidar que un 65% del recibo eléctrico que pagamos es un término fijo, en el que vienen incluidos los impuestos gravados por el estado.

La modificación de la Ley de Hidrocarburos del 2015, reguló el nuevo mercado mayorista organizado de gas en España (el denominado hub de gas) y designó al operador del mismo. Con esta medida, el Gobierno buscó la equiparación con el resto de países de la UE, donde existen este tipo de mercados secundarios cuya finalidad es, teóricamente, “reflejar una señal de precios transparentes, facilitar la entrada de nuevos comercializadores y, por tanto, incrementar la competencia en el sector”.

Además de establecer quiénes serían los “sujetos habilitados” para participar en este mercado, el proyecto de ley designó a dedo quien iba a ser el operador de este mercado. La designada fue sociedad privada, Mibgas, creada en el año 2014 y para el que fue nombrado presidente Antonio Eiras, diputado del Partido Popular por La Coruña hasta octubre pasado y que estaba controlada con un 30% por el Operador del Mercado Ibérico Español (OMEL), con dos tercios de ese porcentaje, y el portugués, un tercio, y con un 20% por los gestores técnicos del sistema gasístico español (Enagás) y portugués (Rensa).

El resto de accionistas podrá tener un máximo de un 5% para evitar “una influencia significativa” en dicho mercado y si se trata de operadores energéticos, el límite se fija en el 3% (entre todos no podrá superar el 30%).

• El Instituto Nacional de Hidrocarburos vendió en 1994 a Gas Natural SDG, S.A. el 91% del capital de Enagás, y en octubre de 1998 el restante 9%.
• En agosto del 2016 Enagás se hace con un nuevo 13% del mercado de gas Mibgas.

Terremoto eléctrico ‘made in Spain’

TEXTO CARMEN MONFORTE (Cinco Días)

Cuando el exsecretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, anunció en abril de 2014 un mecanismo para determinar el Precio de la luz (Venta) para los Pequeños Consumidores (el llamado PVPC), él mismo alertó de que la nueva factura quedaría sometida a la volatilidad del mercado eléctrico (por cierto, el más volátil de todos), pues la cotización de este se cobraría directamente y por cada hora a los domésticos. Tal era ya el temor de Nadal, hermano gemelo del actual ministro de Energía, que dio a las comercializadoras de referencia un plazo de tres meses para hacer ofertas anuales cerradas a los pequeños. Esta resultó un fracaso, pues las empresas ofrecieron un precio mayor al del PVPC alegando que debían cubrir el riesgo de contratar volúmenes energía para cubrir un año.

Y es que el mecanismo del PVPC, único en el mundo, tiene ese grave inconveniente: frente a las coberturas de cualquier contrato, el ciudadano no está asegurado contra la volatilidad, que ha quedado patente en esta gélida semana. Sus defensores apelan a la señal de precios que conlleva, lo que obliga a los clientes a gestionar sus consumos, algo posible gracias a los contadores inteligentes. Los detractores, por su parte, lamentan que se someta a los pequeños a situaciones de alarma social, como en estos días, y recuerdan que solo la mitad dispone de contadores digitales.

Mientras los precios se mantuvieron en niveles razonables o incluso muy bajos como el año pasado (el Precio Voluntario Pequeño Consumidor descendió una media del 10% respecto a 2015), todos guardaron silencio. Desde octubre, y de manera relevante en lo que va de enero, la situación se ha invertido desatándose un auténtico tsunami.

La confluencia de la ola de frío polar con factores técnicos, regulatorios o geopolíticos han disparado los precios del pool, hasta alcanzar una media de 88 MWh el pasado jueves. La situación ha llevado a expertos y tertulianos a lanzar delirantes análisis. Hay que subrayar que no se trata de un récord (para ello hay que remontarse a 2006), pero sí el mayor encarecimiento desde el invento made in Spain del PVPC. Antes, los precios se fijaban por un año o un trimestre y las puntas pasaban sin pena ni gloria para la opinión pública.

De entre las muchas razones con que se explica el repunte, dos resultan especialmente sorprendentes: el efecto pernicioso del mercado secundario del gas, Mibgas, y el de la interconexión con Francia, país que ha importado masivamente electricidad para cubrir el parón de ocho nucleares, y ha contaminado el mercado ibérico con sus altos precios. Que el hub de gas (mercado mayorista del gas), largamente reivindicado para lograr precios competitivos en España o la ansiada interconexión por los Pirineos, un proyecto que duró 17 años por la resistencia de los franceses y que era la panacea contra el aislamiento de la Península, sean ahora el origen de los altos precios del pool suena a broma macabra.

Tras apuntarse al alarmismo mediático declarando que la factura subirá 100 euros (¿a quién, por qué, es adivino para conocer la evolución del mercado?), el ministro prestidigitador de la Energía, Álvaro Nadal, se sacó el jueves de la manga a un culpable, al que castigaría convenientemente para hacer bajar el precio de la luz: el gas natural, que es el que marca el precio más alto en el pool. Así, anunció unas medidas (cuya autoría se adjudicó cuando ya estaban previstas o en marcha), para dotar de más liquidez al hub, un mercado secundario (para ajustes) en el que solo se negocia un 5% de  los contratos pero que, ¡sorpresa!, sirve de referencia al resto. Mibgas, una extraña sociedad privada en la que el Gobierno impone a los accionistas (el principal, Enagás) y al presidente (Antonio Erias, exdiputado del PP por A Coruña), se ha incrementado un 40% y duplica al europeo.

Esas medidas son la incorporación de dos creadores de mercado o markets makers: uno voluntario, adjudicado el viernes a Gunvor Internacional, y otro obligatorio, que son los operadores dominantes del mercado: Gas Natural y Endesa. En el primer caso, se trata de un agente al que se le paga por tener siempre dispuestas ofertas de venta y de compra con un spread.

Aunque se trata de evitar fuertes variaciones de los precios, pocos creen que esta sea la solución. En el caso de los dominantes, deberán ofertar en el hub volúmenes que determinará la CNMC y tampoco su efectividad está asegurada. Aunque adoptar medidas para mejorar este incipiente mercado es de aplaudir, hacerlo en medio de la crisis de los precios eléctricos, cuando no tendrá ningún efecto inmediato en ellos, demuestra el oportunismo de Nadal, quien, por el contrario, rechaza cualquier reforma del trastornado mercado eléctrico que, con tan abundante sobrecapacidad (más de 100.000 MW frente a una punta histórica de 45.000 MW en 2007), registra tan disparatados precios. Y es que, tras la experiencia de años, más que otra inútil investigación, necesitaría una reforma.