Cómo se agudiza el ingenio en plena crisis a costa de la salud

La crisis que viven sobre todo Europa y Estados Unidos desde 2008 está agudizando el “ingenio”. Una de las propuestas es el desarrollo del denominado Tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa (TTIP). Médicos y profesionales sanitarios advierten que se intentan poner en el mercado los sistemas sanitarios públicos. Lo que sucede con la hepatitis C y los fármacos carísimos para ella es una avanzadilla del TTIP.

Este tratado está para impulsar los negocios, es claro. El problema es qué se entiende por negocio o hasta dónde llegan los negocios y dónde comienzan los derechos de las personas. Porque el acceso a la sanidad universal, pública, sostenida con los impuestos ciudadanos como se hace en España, es un derecho adquirido de su población.

Pero según advierten diferentes organizaciones sociales y de profesionales de la salud, las lógicas normas regulatorias destinadas a proteger el derecho a la salud pueden ser barreras para quienes desean vender productos y servicios sanitarios.

En el ámbito de los medicamentos, por ejemplo la Organización Médica Colegial (OMC), el órgano de representación de médicos y doctoras en España, dice que el tratado comercial

podría limitar el derecho a la transparencia y a la información a pacientes con las debidas garantías, en relación con los ensayos clínicos y productos sanitarios y también podría afectar a la regulación de los precios y a la autorización de productos”.

Lo que nos faltaba sería tener menos información sobre cómo se producen los medicamentos, su verdadera eficacia y seguridad.

Hay que tener en cuenta que en EE.UU. el precio de los fármacos no está regulado, lo que permite a las compañías fijar “precios abusivos” que suponen para los pacientes y servicios sanitarios una verdadera barrera de acceso. En la OMC ponen como ejemplo, el caso de los medicamentos “innovadores” (al cabo parece que no lo son tanto según el Gobierno de la India) de la Hepatitis C que en EE.UU. se comercializa a un precio de 69.000 euros por paciente, cuando su coste de producción ronda los 100 euros.

Un ámbito de actuación claro del tratado es la propiedad intelectual: se pretenden monopolios más largos, precios más altos para los medicamentos. La intención es extender los plazos de las patentes para incluir los retrasos que supuestamente se producen en la oficina europea de patentes de la UE. Cualquier extensión del monopolio supone millones de euros de beneficio para la industria al retrasar la entrada al mercado de medicamentos genéricos que abaratan sustancialmente el precio de los fármacos.

En esta línea está lo que ocurre con los nuevos fármacos para el ébola, la investigación va dirigida a encontrar patentes, por encma de los intereses de las poblaciones afectadas (que podemos ser todos ya, como se vio cuando llegó a España). como contamos en el post La alocada carrera por patentar los tratamientos para el ébola.

Estos episodios, el de la búsqueda de vacunas contra el ébola a cualquier precio o el del Sovaldi se enmarcan en esa estrategia ultracomercial que parece que han emprendido las grandes compañías del ámbito sanitario apoyadas por sus accionistas, que suelen ser compañías de otros sectores, bancos y empresas del sector financiero.

La entrada de fondos de inversión y de grupos aseguradores norteamericanos en hospitales, centros de salud, farmacias y otros servicios sanitarios, que hace ya unos años que ha comenzado y que el TTIP reforzaría, implicará un aumento de costes para los ciudadanos y mayor desigualdad en el acceso a los servicios. Tendrán más y mejores servicios y productos quienes más dinero tienen y quienes no posean el suficiente quedarán fuera o sólo tendrán lo mínimo, como ocurre en Estados Unidos.

Como escribo, en el desarrollo de esta estrategia ya se han ido dando pasos importantes en España a lo largo de los últimos años: La financiación público-privada para construir los nuevos centros sanitarios; la externalización de servicios de información (historia clínica electrónica, centrales de llamadas y de información a los usuarios); las actividades de evaluación de tecnologías, compra de recursos y planificación sanitaria; los servicios diagnósticos (laboratorios, diagnóstico por imagen) que hasta ahora eran competencia de los gobiernos y de las administraciones sanitarias.

El acuerdo se lleva con secretismo. Se aprobará presumiblemente en 2016 y por ello cada vez más entidades sociales, como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) piden que se paralice.