Desde su aprobación, la Ley de Dependencia tiene como objetivo promover el derecho a la autonomía personal y garantizar la atención a todas las personas que por edad, enfermedad o discapacidad precisan de ayuda para llevar a cabo actividades necesarias para su vida diaria.
La realidad muestra que los recortes económicos han provocado que miles de personas no tengan acceso a ninguna prestación, que hayan disminuido las ayudas económicas y que se haya aumentado el copago en los enfermos. En su mayoría son las familias las que asumen la responsabilidad del cuidado, especialmente las mujeres. Si bien la situación actual se justifica por la falta de recursos, se trata en definitiva de una cuestión de valores, de priorizar políticas sociales que apoyen a los colectivos más vulnerables.
Para empezar, sería necesaria la igualdad de condiciones en todo el territorio nacional a la hora de aplicar la ley. Asimismo, se deberían primar los servicios frente a las prestaciones económicas, promoviendo de esta forma el empleo de cuidadores profesionales y ofreciendo mayor calidad en la atención a las personas dependientes. Se debería, igualmente, favorecer el alta en la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, de todas aquellas personas que tienen que abandonar su trabajo para dedicarse a un dependiente.
En definitiva, se trata de reconocer el derecho de acceso en igualdad a aspectos esenciales para la vida de las personas y garantizar su dignidad.
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