La “Ley de Dependencia” nace como medio para reconocer una serie de derechos subjetivos (vinculados a una serie de requisitos). Las competencias en Servicios Sociales en España están transferidas a las comunidades autónomas, siendo éstas las que se encargan de presupuestarlas y ejecutarlas. A través de esta ley, algunos servicios sociales al ser reconocidos a través del Estado, pasan a ser financiados a través de partidas presupuestarias de éste. España es el país con mayor esperanza de vida de la Unión Europea (1), superado por Suiza e Islandia en Europa. Hoy tenemos en España a fecha 31 de octubre 727.505 personas reconocidas como dependientes (2).
Esta ley se nos muestra hoy como imprescindible en una sociedad envejecida, y con diversidad de realidades funcionales, comprendiendo servicios como Ayuda a Domicilio, Prestaciones Económicas a Cuidadores No Profesionales, Recursos Residenciales,…y Programas para Potenciar la Autonomía de las Personas Dependientes. Incidir en éste último punto es primordial para prevenir situaciones de dependencia, potenciando la autonomía en personas dependientes leves.
Que la sociedad conozca la utilidad de los apoyos a las personas dependientes para hacer su vida más autónoma es un factor clave para reivindicar su cumplimiento.
Bibliografía:
(1) Informe Anual sobre Sanidad, 2014 OCDE
(2) Datos de Gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia correspondientes al mes de octubre del 2014. Página web IMSERSO.
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