Revista Jurídico

Compras públicas y pymes

Por Carmenlorenzo

Los números oficiales de contratación pública del Registro Público de contratos son abrumadores, pero la realidad los supera; la mayor parte de las Administraciones y Entes públicos no inscriben en el  registro sus contratos menores y los contratos derivados de Acuerdos Marco ni los contratos menores de sus establecimientos públicos típicamente prestadores de servicios: Centros docentes, Residencias de ancianos, centros asistenciales etcétera..No sorprende si consideramos que  la presión fiscal media en España y de la media de la U.E es de un 37% y las compras públicas son el principal instrumento del gasto público.Un mecanismo de ahorro, según manifiestan los responsables políticos , es adquirir bienes y servicios a través de los catálogos de adquisición de Patrimonio del Estado o a través de las centrales de compras propias que se constituyen en el ámbito autonómico y local.La agregación de la demanda supone en muchas ocasiones una restricción a la libre concurrencia y una exclusión del mercado a PYMES. Política contraria a la última tendencia comunitaria en materia de contratación y que se recoge en la  Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación Pública en cuyo considerando 30 declara que  Con el fin de favorecer la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en el mercado de la contratación pública, se debe fomentar que los poderes adjudicadores dividan los contratos en lotes, y, en caso de que no lo hagan, deberán estar obligados a especificar los motivos. Cuando los contratos estén divididos en lotes, los poderes adjudicadores podrán limitar el número de lotes a los que un operador económico puede licitar, por ejemplo con el fin de preservar la competencia o garantizar la seguridad del suministro; podrán limitar también el número de lotes que pueda adjudicarse a cada licitador. Convendría que nuestras administraciones repensaran los criterios con los que deben intervenir en los mercados de la contratación pública y el equilibrio entre ahorro y apoyo a la pequeña y mediana empresa.            

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