Cuatro soluciones para que ‘economía colaborativa’ no signifique ‘precariedad’

Los aspectos laborales relacionados con la economía de plataformas está muy presente en los medios en las últimas semanas. La asociación Adigital reclama medidas para mejorar las condiciones laborales y la protección social de quienes practican la ‘gig economy’

Artículo originalmente publicado en RETINA de El Pais. Reproducido integramente.

Los repartidores de Deliveroo se manifestaron el pasado domingo en Barcelona en la que ha sido la primera huelga en España directamente relacionada con la economía de plataformas. Para ser más exactos, quienes salieron a la calle se hacen llamar riders, porque no son empleados. Y de eso va la cosa, precisamente: reclaman que la compañía les garantice un “salario digno” y que todo aquel que lo solicite pueda trabajar al menos 20 horas semanales.

La flexibilidad introducida en el mercado laboral por los portales vinculados a la sharing economy está chocando frontalmente contra el entramado jurídico-normativo aplicable al trabajo. Acaso la mayor complejidad del tema resida en que la casuística es enorme. Las horas trabajadas varían mucho, como también el perfil de los proveedores/trabajadores y los servicios que ofrecen. Hay quien recurre a Etece.es o Cronoshare, por nombrar algunos portales de microtareas, como complemento ocasional de sus ingresos. Pero también son muchos quienes viven exclusivamente de ellos. La figura del trabajador autónomo se está imponiendo como la solución contractual mayoritaria, aunque tampoco queda claro cuándo debe existir una relación laboral o mercantil entre la plataforma y el colaborador. La inseguridad jurídica y la precarización derivada de un trabajo esporádico añaden más ingredientes para acabar de aliñar la ensalada del empleo en la economía digital.

¿Cómo deberían regularse estas nuevas formas de trabajo? ¿Está preparado nuestro sistema para ofrecer las garantías necesarias a quienes lo necesiten? ¿De qué forma se podría mejorar la situación? Responder a estas preguntas es el objetivo del informe Trabajo en plataformas digitales. Análisis y propuestas de regulación, elaborado por la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y GoVup, un policy lab centrado en la regulación y gobernanza eficiente.

Un retrato de la situación

El estudio parte de constatar un hecho: no estamos hablando de un tema menor. Entre un 20% y un 30% de la población en edad laboral en la UE a 15 percibe algún tipo de ganancia por su cuenta, según la consultora McKinsey. Y de ellos, el 15% utiliza plataformas digitales para obtener esos ingresos. En el caso español, y de acuerdo con la misma firma, los 3,2 millones de trabajadores autónomos son solo una cuarta parte de los trabajadores independientes que hay. Se repartirían de la siguiente forma: tres millones habrían escogido voluntariamente trabajar por cuenta propia; cuatro lo harían para obtener ingresos adicionales a su fuente principal; tres dependerían al 100% de estos ingresos y otros dos recurrirían a ello por problemas financieros, es decir, por necesidad.

El modelo tiene ventajas: constituye un canal adicional para el empleo y mejora la trazabilidad y transparencia de la actividad, en tanto que todo lo que sucede en una plataforma digital queda registrado.

Pero también tiene inconvenientes. El estudio destaca la inseguridad jurídica de los trabajadores. “No pueden tener una comunicación ordinaria con las plataformas”. También la precarización y desigualdad que acecha en estos nichos. “Dado que el trabajo a través de plataformas es esporádico y a menudo ni siquiera computable bajo el formato de Trabajador Económicamente Dependiente (TRADE), a nivel general, los proveedores no tienen garantizados unos ingresos mínimos ni tienen acceso a garantías como asistencias, seguros o vacaciones”, señala el documento.

También está el problema de las cuotas. “Teniendo en cuenta que en multitud de casos los ingresos de estas plataformas son complementarios y se dan en forma de microtareas, a menudo no es rentable económicamente para los trabajadores darse de alta como autónomos, teniendo en cuenta la rigidez administrativa en los procesos de alta y baja y que el desembolso en términos de cuotas a la Seguridad Social es superior a sus ingresos”, indica.

Propuestas para el cambio

El informe lanza una serie de recomendaciones para ordenar la situación. En primer lugar, propone la promoción de “sistemas de colaboración entre organismos públicos y plataformas para facilitar procesos de recaudación tributaria y de gestión de cotizaciones”. Si los portales logran tener buena sintonía con las Autoridades, nadie escapará a la Seguridad Social.

También se pide que “las plataformas puedan optar por modelos mixtos de trabajo que combinen la relación con proveedores independientes con la contratación de personal fijo, siempre que ambas partes estén de acuerdo”. Eso ahora mismo no es posible, ya que siempre que haya trabajadores contratados se podrá considerar que los que son autónomos son empleados fijos encubiertos.

Haría falta “delimitar el tipo de relaciones existentes para dotar de seguridad jurídica a las plataformas y a sus usuarios”. La figura del autónomo se podría tomar como referencia, aunque añadiéndole ventajas como que la empresa garantice un volumen mínimo de trabajo o se haga cargo de coberturas tales como un seguro de accidentes.

Finalmente, se sugieren una serie de mejoras tomadas de un documento de la Comisión Europea. Definir un salario mínimo junto con límites al número máximo de horas trabajadas por día, fijar formas mínimas de protección social, regular el control y la utilización de los datos de los trabajadores y velar por que no produzcan discriminación de género, etnia, raza o edad son algunas de ellas.