Del uso de la salud y la vida para intereses económicos…

Y de cómo delegamos nuestra responsabilidad como ciudadanos a médicos y multinacionales…

Viene esta impactante noticia en El País de hoy. Argentina multa a una empresa farmacéutica por falsear pruebas con niños de vacunas experimentales, que produjeron la muerte de 14 bebés. No se cierra definitivamente la empresa, ni se mete en la cárcel a los responsables. Se les pagará a los padres unos 70.000 euros por niño fallecido y tira millas. El juez se atreve a valorar la vida de un bebé. Esta osadía es casi tan grave como la de la empresa que ha llevado a término estas pruebas, o como la de los médicos que cobraban unos 300 euros por vacuna administrada, o como la de los padres que delegan su responsabilidad en un Otro – Amo, que viene a decirnos lo que tenemos que hacer, qué tenemos que darle a nuestros hijos, cómo, cuándo y en que dosis… sin apenas atrevernos a preguntar, cuestionar o pedir aclaraciones… Amén!

Así que noticia con sabor agridulce. Se castiga a una empresa intocable, pero el castigo lejos de ser ejemplar roza el ridículo y apenas le hace cosquillas a un Goliat que no es más que el reflejo de lo que hemos construido entre todos. El Dios – Dinero sigue gobernándonos mientras callamos, aceptamos y tragamos… Aquí va la noticia, que podéis leer en su lugar de origen (El País) siguiendo los links.

Paco Jaume.

Argentina multa a Glaxo por falsear los permisos para ensayos con niños.

• El laboratorio ha anunciado que apelará el fallo, que le obliga a pagar 179.000 euros de multa
• La muerte de 14 bebés destapó un fraude en la obtención del consentimiento

Click sobre la imagen para ir a El País.com

Entre los años 2007 y 2008, 14 bebés de familias pobres murieron en Argentina después de participar en los ensayos de una vacuna del laboratorio británico GlaxoSmithKline contra la neumonía y la otitis aguda. No se han encontrado pruebas de que los decesos tuvieran que ver con la aplicación de las inyecciones, pero tras la publicidad de los casos se descubrió que la empresa farmacéutica y los profesionales que administraban los estudios clínicos habían cometido irregularidades a la hora de conseguir el consentimiento de los padres para que sus hijos recibieran la vacuna en experimentación.

El juez argentino Marcelo Aguinsky falló a finales del año pasado en contra de GlaxoSmithKline y dos médicos responsables del ensayo y ratificó las multas que les había impuesto en abril pasado el Ministerio de Salud por 179.000 euros, según informó el periódico Página 12.

El juez confirmó que algunos consentimientos fueron dados por padres menores de edad, abuelos que no estaban autorizados a hacerlo, parientes analfabetos o, en un caso, por una madre psicótica a la que no se había evaluado la capacidad de discernimiento. También se detectó que se proporcionó la vacuna sin que se conocieran los necesarios antecedentes clínicos de los niños. Los inspectores del Ministerio de Salud también advirtieron la “falta de seguimiento y registro adecuado” de las reacciones adversas a la vacuna.

Esta inyección estaba siendo probada en Colombia, Panamá y Argentina cuando ocurrieron las 14 muertes en este último país. Siete bebés fallecieron en la provincia de Santiago del Estero (noroeste de Argentina), dos en la de San Juan y cinco en la de Mendoza (ambas en el este).

GlaxoSmithKline, la tercera mayor farmacéutica del mundo por facturación (33.998 millones de euros en 2010), deberá pagar una sanción de 71.600 euros al Ministerio de Salud, mientras que el resto tendrá que desembolsarlo a partes iguales el investigador principal del ensayo en Mendoza, Héctor Abate, y el coordinador de los estudios en Argentina, Miguel Tregnaghi. El Gobierno había multado al laboratorio “por incumplir sus deberes de monitoreo, ya que dicha obligación consiste en verificar que los derechos y el bienestar de los seres humanos estén protegidos; que los datos reportados del estudio estén completos, sean precisos y se puedan verificar; que la conducción del estudio esté en conformidad con el protocolo aprobado y el requerimiento regulatorio aplicable”.

El laboratorio ha anunciado que apelará el fallo porque considera que las pruebas se rigieron por “los más altos estándares éticos y científicos internacionales” y teniendo en cuenta “las leyes y costumbres del país”. También recuerda que el Ministerio de Salud “en ningún momento cuestionó la seguridad de la vacuna ni del estudio”, que “se encuentra en etapa de cierre”, y que la vacuna en cuestión, la Antineumocócica conjugada 10 valente, ha sido aprobada en más de 85 países (incluidos los 27 de la UE) a partir de 40 estudios hechos en países como España, Francia y Alemania.

Hace cuatro años, cuando se conocieron los decesos de los bebés, Lorena Sequeira, madre de una niña fallecida, explicó a EL PAÍS: “Un día fuimos a ver al agente sanitario de Campo Contreras (su barrio) y al siguiente vino a mi casa diciendo que le tocaba vacunar a Yamila (su hija) contra la neumonía y la otitis, y nos llevó en coche”.

“Una médica me dijo —continuó— que yo tenía que firmar un papel y me dio 13 hojas explicativas, pero en ese momento no me las dejó leer porque había muchas madres esperando también para la vacuna. No me explicó que era una prueba, que la vacuna no estaba aprobada o si tenía riesgos”. Unos 400 médicos y otros profesionales cobraban 380 euros por cada niño vacunado. En toda Argentina 14.000 bebés recibieron la prueba.