Derecho de estado.

Recientemente ha aparecido una noticia en los periódicos que constituye una colosal prueba de que los neofranquistas están reinstaurando la dictadura, aunque esta vez con un precioso y falsario disfraz de Democracia y Estado de Derecho.

A la juez Angels Vivas le correspondía por su antigüedad y lugar en el escalafón acceder al cargo de presidenta de la Audiencia de Barcelona, pero el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) nombró a un juez de los obedientes porque la Sra. Vivas había firmado el manifiesto de 33 miembros del poder judicial a favor del derecho a decidir, y aquí recalco que estos 33 juristas no se pronunciaron a favor de la independencia sino del derecho a decidir junto con muchos expertos juristas que consideran totalmente inconsistentes las razones franquistas para considerar ilegal e imposible el referéndum en Catalunya.

La Sra. Vivas recurrió al Tribunal Supremo que hace un par de días emitió su fallo con un texto digno del Tribunal de Orden Público de la dictadura. El TS dice “….aun admitiendo que los jueces y magistrados no tienen restringida su libertad de expresión sobre temas políticos y que, más en concreto, la firma del Manifiesto de los 33 fue ejercicio legítimo de dicho derecho fundamental–algo que esta sala ni afirma ni niega–, es lo cierto que de esa premisa sólo se sigue que no cabe imponer ninguna sanción (penal o disciplinaria) por esa toma pública de posición. Ello no implica que el órgano encargado de valorar la idoneidad de los candidatos a plazas de provisión discrecional, que es el CGPJ, no pueda tener en cuenta las actuaciones y manifestaciones de índole política que, aun siendo legítimas, hayan realizado los distintos candidatos”. O sea, como en la dictadura, el que hable demasiado no va a salir en la foto.

Absolutamente demencial, primero dejan claro que la Sra. Vivas tiene todo el derecho a expresar sus opiniones, y que estas no deberían entorpecer su carrera profesional, pero a continuación afirman que se puede modificar y alterar un procedimiento de asignación de cargos públicos en función de las opiniones políticas legítimamente expresadas por el o la candidata. Faltaría más, porque de que habrían servido sino los muchos años que les ha tomado a los franquistas del PP-SOE el llegar al control del Poder Judicial hasta el extremo de poderse asegurar que los puestos importantes estén ocupados exclusivamente por jueces obedientes.

Esta infame manera de actuar debería llamarse el método PP porque los franquistas del PP-SOE lo utilizan profusamente cuando el Poder Judicial a sus órdenes aplica la leyes a su conveniencia, y cuanto más denigrante y antidemocrático es el procedimiento y/o el fallo más insisten en frases llenas de falsedades como “La Ley es igual para todos”, “la Justicia es neutral e independiente”, “Nadie está por encima de la Ley”, “En Democracia el cumplimiento de la Ley es requisito indispensable”, etc., etc.

Adjunto la página 19 de La Vanguardia que es la que publica la noticia porque por casualidad justo al lado aparece otra noticia de vergüenza ajena referida a la reacción de varios partidos a la condena de Mas, Ortega y Rigau y donde el representante del PP suelta una de esas frases falsarias “La Justicia pone a cada uno en su sitio”, aunque esta frase tiene algo de cierta, porque quien hace tiempo que se ha puesto en su sitio es el PP, que con sus manipulaciones, adulteraciones y falsedades nos ha sacado del Estado de Derecho para meternos en el Derecho del Estado Totalitario.

Lo que más me ha preocupado de esta noticia ha sido la poca repercusión que ha tenido, publicada solo en pequeños recuadros de páginas interiores probablemente solo en periódicos de Catalunya cuando en un país serio que valore la Ley y también la Democracia los periodistas y los propios jueces habrían armado un lio importante.

LVGVIVAS