El ACTA busca una dictadura mundial

Hace unos días hablé sobre el tratado que buscan Estados Unidos, la Unión Europea y unos 30 países para combatir el mercado de falsificaciones, el Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), y el grave peligro que suponía para la llegada de los medicamentos genéricos a los países pobres. Pero el ACTA va mucho más allá y sus tentáculos alcanzan a Internet.
Este acuerdo esta siendo tratado en total secreto por todos los países participantes y las multinacionales interesadas en no perder el poder económico que han establecido en el mundo. El dinero es poder y ante él se arrodillan hasta los lideres más poderosos del planeta, como es el caso del presidente de los Estados Unidos, cuya administración rechazó hacer pública las negociaciones alegando que lo tratado era materia de seguridad nacional.
En España, los internautas se movilizaron hace unos meses por la nueva ley de propiedad intelectual que pretendía sacar el gobierno para proteger a los amigos que tan "desinteresadamente" le apoyaron en las elecciones. Conociendo, siempre por filtraciones y a cuenta gotas, lo que busca el ACTA, no entiendo muy bien a que vino mojarse de esa forma, porque por lo que se sabe, dicho tratado es un plan mucho más ambicioso y autoritario para acabar con algo, que no hace más que decirnos que el mundo ha cambiado y que las claves económicas que antes eran validas, deben ser revisadas y cambiadas. Con este acuerdo, la fuerzas de seguridad del estado pasaran a estar al servicio de las multinacionales, y sólo sera necesario una sospecha de estas para tomar “medidas provisionales” y cerrar cautelarmente una página web. Para ello, las entidades tales como los proveedores de Internet, deberán proporcionar información sobre los usuarios y el tráfico, directamente a las empresas demandantes aun si éstas sólo sospechan una violación de la ley. Saltándose a la torera la presunción de inocencia y a el poder judicial, sera el presunto infractor quien tendrá que demostrar a la empresa denunciante que es inocente de lo que se le acusa.
Nos movemos por la vida creyendo que somos libres, y defendemos la democracia como el sistema que defiende esas libertades, presionando a todos los países del planeta a que la adopten. Pero la realidad es que no somos más que seres destinados a trabajar, no para vivir, sino para gastar después ese dinero en bienes que hagan que el sistema montado por unos pocos funcione. Nuestras libertades nos pertenecen siempre y cuando no ataquen el derecho inalienable de las empresas a sacar beneficios de ellas, y para que ese derecho siga inalterable, las multinacionales están dispuestas a lo que haga falta.