El caso Yak-42, nueve años después y sin culpables

El secreto a voces del Yak-42 ha llegado ya a las páginas de la prensa escrita: según publicaba el viernes pasado el diario El País, el caso del Yak-42 es un caso de corrupción económica.
Tras el carpetazo al asunto de la Audiencia Nacional, la asociación de familiares de las víctimas de aquel accidente (que fue cualquier cosa menos un accidente casual) en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán, dice que recurrirá ante el Tribunal Supremo y ante quien haga falta para que se haga justicia. Lo tienen crudo, vista la calidad -es un decir- de los implicados, altos cargos políticos y militares de la etapa del Gobierno Aznar, entre ellos naturalmente el máximo responsable de Defensa en aquellos años, Federico Trillo, que casualmente acaba de ser nombrado embajador en Londres. Casualmente.
Para redondear las cosas, el actual Gobierno, del Partido Popular y con mayoría absoluta, como el que fuera responsable del accidente aéreo comentado, indultó el pasado 20 de abril a los únicos condenados por el caso, militares cuya responsabilidad en realidad era menor en comparación con Trillo y compañía. Ante la descarada maniobra los familiares de las víctimas han montado en cólera, como era de esperar. Finalmente, como digo, la Audiencia Nacional intenta archivar el caso abierto por la contratación del aparato, verdadero meollo de la causa y donde reside el peligro de que se destape la olla podrida.
Y es que no se trata ya de que el avión estrellado fuera una verdadera chatarra volante en la que casi nada funcionaba como es debido, además de estar pilotado por unos mercenarios irresponsables y probablemente borrachos. Copio textualmente el último párrafo de la información ofrecida por El País el 18 de mayo, que recoge las declaraciones de Miguel Ángel Sencianes, presidente de la asociación de familiares de víctimas del Yak 42:
Para los familiares de las víctimas el accidente "no fue solo por la desidia de las autoridades españolas. Había dinero en comisiones de las subcontratas. Por eso queremos que se celebre un juicio, para que se aclare esto que a lo mejor es la clave de todo", explica Sencianes. "Solo se ha incorporado a la instrucción uno de los 43 contratos con este tipo de aviones, el que [el exministro de Defensa socialista, José Bono  enseñó en el Congreso después de decir prácticamente que lo había tenido que robar de un cajón. "El gasto por este vuelo fue de 140.000 euros de los que la compañía apenas recibió 35.000. ¿Y el resto?".
Más todavía, en información publicada hoy por el mismo diario:
También queda por saber por qué Defensa contrató el vuelo a través de la agencia Namsa cuando hacerlo con Air Europa era más barato y seguro. O qué pasó con las comisiones: el Ministerio pagó 149.000 euros por aquel vuelo, pero la compañía que finalmente lo operó, tras cinco subcontratas que pasaron por Alemania, Rusia, Turquía, Líbano y Ucrania, solo recibió 38.442. O dónde están los contratos de los otros 42 vuelos firmados con Namsa entre 2002 y 2003 por 8,9 millones de euros, de los que más de tres, si se aplicó el mismo patrón que en el Yak, se fueron en comisiones.
Blanco y en botella: corrupción, con resultado de muertes. ¿Cuándo responderán por ella Federico Trillo y el resto de responsables directos?.
En la fotografía que ilustra el post, el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, visita los restos del avión Yak 42 estrellado en Turquía, en mayo de 2003.