El copago por la seguridad policial en los toros

El Gobierno necesita recaudar dinero como sea e Interior ya está anunciando el copago por la seguridad policial en los espectáculos taurinos, aunque sin especificar todavía fechas ni porcentajes. Las empresas u organizadores de espectáculos taurinos pagarán parte de los gastos en eventos que impliquen un importante despliegue de seguridad. La medida excluye actos gratuitos, benéficos o de carácter asistencial.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que las empresas privadas tendrán que corresponsabilizarse de los gastos derivados de la seguridad policial necesaria para sus espectáculos. Fernández ha concretado que se introducirá este «copago» (aún no se ha decidido cómo se articulará ni en qué porcentajes) en la futura Ley de Seguridad Ciudadana en cuyo borrador trabaja el Departamento que él dirige.

La medida la ha anunciado en Calatayud (Zaragoza) donde ha explicado que está dirigida a todos aquellos eventos con ánimo de lucro y no sólo al fútbol. Según fuentes de Interior, afectará a fútbol, toros, conciertos y otro tipo de grandes eventos de los que se derivan beneficios para empresas privadas y que demanden importantes despliegues policiales. Ello supondrá un coste adicional que el empresario evidentemente cargará en los bolsillos del aficionado.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha manifestado a favor de esta propuesta de Interior en declaraciones a RNE, asegurando que propuso algo así cuando él era ministro del Interior, y que envió una carta (hace dos o tres años) a la Liga de Fútbol profesional “pidiendo eso, que contribuyeran” en los gastos de seguridad, porque “es verdad que se gasta muchísimo dinero”. Rubalcaba no recibió respuesta, pero asegura que en ese momento fue “prudente” porque sabía que los clubes “andaban en situaciones difíciles”.

La Confederación Española de Policía se ha mostrado a favor de la medida del copago. Sin embargo, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), se aseguró que cobrar a los clubes y promotores en estos casos sería “ilegal” porque la seguridad en el exterior de los estadios y en la calle es una competencia del Estado.