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El gobernador de Sonora y los funcionarios que resulten responsables en los tres ámbitos de gobierno cometen el crimen de etnocidio al atentar contra la integridad territorial, física, salud o reproducción de los pueblos indígenas con el propósito de destruirlos total o parcialmente; al quebrantar el derecho de estos pueblos a disfrutar, enriquecer y transmitir su cultura, su lengua y sus autogobiernos; al negar su derecho a la consulta y libre determinación; al usar la fuerza pública y los recursos de los contribuyentes para imponer proyectos privatizadores del agua y otros recursos naturales y estratégicos; al fomentar de manera coercitiva –y por medio de la violencia del Estado– la asimilación de sus integrantes a otras culturas o modos de vida; al contribuir a su dispersión y fragmentación a través de desplazamientos involuntarios que los alejen de sus familias y territorio
Gilberto López y Rivas Político y Antropólogo mexicano
Artículo completo en el diario Jornada
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