El gobierno católico – monárquico español oculta el varapalo que le da la ONU

Puesto porJCP on Sep 2, 2012 in Política

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU entregó ya en Mayo de este año un informe al Gobierno Español en el que se analiza el grado de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), y en el cual se constata la grave situación que atraviesan estos derechos en nuestro país. El informe, que ha pasado desapercibido para la mayoría de los medios de comunicación españoles, como buenos lameculos limosneros, sugiere al impresentable Gobierno de España una rectificación inmediata de la política de austeridad y recorte de derechos de los últimos años, a fin de evitar que sigan  incumpliendo el pacto ratificado por España en 1977. Las medidas de austeridad han supuesto la reducción de los niveles de protección efectiva de los derechos incluidos en el Pacto, perjudicando de forma criminal a los pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y los jóvenes desempleados, las personas mayores , los gitanos, los migrantes y los solicitantes de asilo.

Si bien la gravedad de la situación económica española y las medidas emprendidas por los sucesivos gobiernos son una de las principales causas del deterioro que sufren los llamados derechos de tercera generación al no llegar dinero para la ciudadanía, el informe no ignora un origen estructural más antiguo, apuntando a las deficiencias de un modelo de estado constitucional que no otorga a estos derechos un estatus jurídico equivalente al de los derechos civiles o los políticos. Para el organismo internacional es alarmante que en España estos derechos son tratados desde el punto de vista constitucional y legal como meros principios rectores de la política social y económica, pero nunca como derechos subjetivos reconocidos a los ciudadanos y reclamables directamente por estos ante los tribunales. Lo que es calificado de engaño a la mayoría de la población a la que intencionadamente se la ha mantenido a lo largo de los siglos en la ignorancia al no promocionar una cultura sólida y con amplitud de miras.

El continuo incremento de los niveles de desempleo y el altísimo nivel que estos han alcanzado en España genera situaciones de riesgo extraordinarias en un contexto de crisis económica, principalmente cuando no existen garantías jurídicas suficientes y las políticas elegidas tienden a rebajar los niveles de protección.

El comité está especialmente preocupado por sectores de la población española históricamente marginados y para los cuales siempre ha sido difícil acceder a los derechos sociales, culturales y económicos. En este contexto de crisis grupos como gitanos e inmigrantes son especialmente vulnerables. El informe dedica un capítulo especial a las detenciones en los centros de internamiento para extranjeros, en la que los inmigrantes sufren hacinamiento y no tienen acceso a asistencia sanitaria, social, legal o médica. Otro de los capítulos dedicados a las situación de los inmigrantes en España se refiere al Real Decreto-ley 16/2012, del 20 de abril de 2012 por el que se elimina de facto el derecho universal a la asistencia gratuita sanitaria.

De la misma forma, el comité insiste en que la persistencia de ciertos estereotipos sobre las funciones de género que no han sido superados en la sociedad española, impidiendo que las mujeres accedan en igualdad de condiciones al derecho al trabajo.

En cuestiones de género se señala también la preocupación creciente por los altos niveles de violencia doméstica y otras formas de violencia de género así como por las negativas consecuencias de los recortes presupuestarios que afectan a los procesos de apoyo y acompañamiento a las víctimas.

La pobreza, que afecta según los datos aportados por esta agencia de las Naciones Unidas a un 21.8% de la población española también se ha incrementado a consecuencia de la situación económica. El comité recomienda a las autoridades españolas iniciar un programa nacional de lucha integral contra la pobreza que hasta la fecha, y pese a lo preocupante situación, no ha sido desarrollado.

En materia laboral el informe es muy crítico a cerca de la congelación del Salario Mínimo Interprofesional desde el año 2011 en un valor que según palabras del propio comité “no permite un nivel de vida digno”.

Los motivos de reproche hacia el gobierno se extienden aún largamente en las páginas del informe, citando entre otras situaciones de desamparo la ínfima capacidad adquisitiva de los pensionistas que en muchos casos no permite niveles de subsistencia mínimos; el acceso a la vivienda y los desalojos forzosos realizados sin las garantías legales suficientes a consecuencia de los inasumibles costos de acceso a la vivienda; la situación de las personas sin hogar; el acceso al aborto de las mujeres; el acceso a la universidad pública y el aumento de las tasas; o la falta de financiación para proyectos creativos o investigadores.

El Comité acaba finalmente solicitando al Estado Español una amplia difusión de sus observaciones en todos los niveles de la sociedad. El silencio sepulcral que rodea al informe y sus conclusiones así como la inmutable dirección de las políticas del ejecutivo de Mariano Rajoy hacen sospechar que no tienen la menor intención de seguir ni esta ni ninguna otra de las recomendaciones de la agencia internacional, mientras que los derechos de tercera generación que solo someramente habían enraizado en nuestra sociedad, desaparecen sin apenas haber llegado.

A pesar de ello, los cristianos son los que con su voto sostienen a este régimen fratricida cuyos gobiernos a lo largo del período de vigencia de la Constitución de 1978 no solo han sido incapaces de crear riqueza y un entramado industrial sólido, sino que han robado a manos llenas las arcas públicas. Empezando por el rey felón y acabando por cualquier simple concejal de pueblo de montaña. La Iglesia, que recibe 5.000 millones de euros al año, con crisis o sin crisis, calla como una puta barata mientras invierte, siendo el mayor accionista, en armas en la empresa italiana Beretta. La prensa, dirigida por otro tanto de vividores-medradores, tergiversa la realidad diariamente  buscando la confusión y el miedo. El régimen monárquico-fascista español, como se ve, por mucho que oculte este informe es conocido en todo el Mundo por su despotismo y criminalidad.