El Gobierno de Asturias obstaculizó la investigación de la muerte de Andrea por la vacuna del papiloma

Como contaba hace unos días, se ha cumplido el año de la muerte de Andrea, la chica asturiana que murió tras administrársele la segunda dosis de la vacuna del papiloma. Tras las primeras investigaciones, la familia ha presentado una reclamación de daños o reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias y tenemos datos de cómo ha actuado el Gobierno asturiano.  Con toda probabilidad la vacuna del papiloma provocó el ahogamiento de Andrea y hay algo peor que sentir la soledad de la pérdida y es sospechar que los representantes públicos actúan beneficiando a los laboratorios que fabrican la vacuna.

Andrea murió en septiembre de 2012. Con fecha de 25 de enero de 2013, el Principado de Asturias emite la Circular 1/2013 de Instrucciones para el cambio del preparado comercial usado para la vacunación frente a VPH oncogénicos en niñas a los 13 años de edad.

En consecuencia, desde enero de 2013 las niñas y jovencitas asturianas no reciben Gardasil -fabricada por Sanofi Pasteur Merck, Sharp & Dohme- sino Cervarix, de los laboratorios GlaxoSmithKline.

Es decir, el Gobierno asturiano se apresuró a cambiar la marca de la vacuna pero NO a cuestionar la vacuna que puede haber matado a una joven asturiana (aunque implícitamente algo debió observar en Gardasil cuando “renegó” de ella).

Además, la Comisión de Farmacovigilancia encargada de estudiar la relación de causalidad entre la vacuna y la muerte de la chica, en aquella época estaba contratada por el Principado de Asturias con la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina de Oviedo.

Cuando tuvieron noticias de la muerte de Andrea quisieron investigar y ¿qué sucedió?Preparaos porque el 1 de enero de 2013 cesaron unilateralmente el contrato administrativo que tenían… Es decir, desde la Administración sanitaria se quitaron de enmedio al equipo de profesionales honestos que en ese momento estaba haciendo bien su trabajo, que es investigar una muerte con toda probabilidad producida por un medicamento. Eso es la farmacovigilancia y el Gobierno actuó de manera que obstaculizaba la investigación.

El Centro de Farmacovigilancia del Principado de Asturias abrió expediente tras el fallecimiento de la menor Andrea por reacción adversa al fármaco. Se desconoce el contenido del expediente que consta en dicho centro.