La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha informado que el 29,3 por ciento de los andaluces vive en la pobreza, ha denunciado la insensibilidad de los gobernantes ante las desgracias de los ciudadanos y ha reclamado, entre otras medidas, la puesta en marcha de la Ley de Inclusión Social, que está incomprensiblemente paralizada desde hace doce años.
El empobrecimiento de Andalucía es veloz y parece imparable. La sociedad andaluza depende demasiado de la Junta de Andalucía, que acaparaba riqueza para dominar a los ciudadanos. Cuando la Junta ha dejado de tener dinero para repartir, Andalucía avanza de manera imparable hacia la pobreza.
La APDHA ha afirmado que «si se salió al rescate de la banca se tendrá que salir al rescate de la ciudadanía». Sin embargo, los socialistas en el poder demuestran que son insensibles ante las necesidades del pueblo y que lo único que les interesa es mantenerse en el poder para seguir
disfrutando de los privilegios y ventajas que extraen del erario público.
La pobreza avanza inmisericorde por toda España, un país donde ya hay cinco millones de desempleados y casi diez millones de pobres. Cuando Zapatero llegó al poder, España era la octava potencia mundial y la economía europea que más crecía y más puestos de trabajo creaba, pero después de seis años de socialismo, España está arruinada, endeudada y carcomida por la pobreza, la desconfianza en el poder y el espíritu de derrota.
En una rueda de prensa con motivo del 62 aniversario hoy de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el coordinador del área de Marginación de la APDHA, Pablo María Fernández, ha afirmado que "La actividad de nuestros parlamentarios está más preocupada de los intereses y antojos del capital con más recortes sociales y privatizaciones, que del cumplimiento real de los Derechos Humanos, como la vivienda, la renta básica, la salud, la educación y el trabajo".
El número de desahucios en España, desde que en 2008 estalló la crisis, superará los 500.000 cuando finalice este año 2010, lo que representa que medio millón de viviendas han sido arrebatadas a sus propietarios por´falta de pago, una brutalidad que el gobierno podría haber impedido si hubiera negociados condiciones especiales y años de carencias con las entidades bancarias, como se ha hecho en otros países.
Pero en España, como afirma la APDHA, los políticos parecen más interesados en sus privilegios que en la defensa de los derechos fundamentales y el cumplimiento de la Constitución.
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