El ICAM

¿Cuántas veces hemos oído decir eso de lo increíblemente rápida que avanza la medicina? Supongo que unas cuantas. Pero a medida que la ciencia y la medicina avanzan, la estupidez humana, el egoísmo y el mercantilismo no se quedan a la zaga. Y todo esto viene a cuento por los cientos de casos de personas que cada año son menospreciadas y abandonadas a su suerte por el sistema público de salud y por quienes deberían garantizar su derecho a una pensión dada su discapacidad, porque un facultativo aplicando unos criterios totalmente subjetivos y poco científicos, a la hora de evaluar y valorar los grados de discapacidad de estas personas, decide que no tiene derecho a pensión alguna. Esto es lo que ocurre día sí y día también en los centros del Institut Català d’Avaluacions Médiques, como seguramente también ocurrirá en el resto del estado.

El ICAM se ha ganado a pulso una mala fama de ser un organismo más al servicio de ciertos intereses mercantilistas, propios de empresa privada, que en estar al servicio de los ciudadanos catalanes. Y cada día que pasa la lista de personas que se ven afectados de manera poco justificada por las decisiones arbitrarias de las personas que trabajan en él, se ve notablemente incrementada. Por ello se creó “la plataforma de afectados por el ICAM”.

Hablamos de personas con nombres y apellidos, hablamos, por poner sólo algunos ejemplos, de Nati, de Conchi, de Greta, de Montse -y a las que prometo dedicarles en cuanto me sea posible un artículo relatando sus casos y la difícil situación en la que se encuentran-. Personas aquejadas en muchos casos de enfermedades que hasta hace poco eran grandes desconocidas y difícilmente diagnosticables, pero con los avances de la medicina y el reconocimiento de ciertas patologías ya se pueden diagnosticar. Enfermedades como la fibromialgia o todas las relacionadas con el Síndrome de Sensibilidad Central.

Tal como denunció Miguel Arenas, abogado del Colectivo Ronda y experto en Seguridad Social: Lo que no están consiguiendo los tribunales, el ICAM lo está imponiendo por la vía de los hechos consumados. Lo que estamos viviendo desde principios de año parece una cacería de brujas para alcanzar los objetivos de revisiones denegatorias que el Estado incluye a los presupuestos anuales del ICAM. Y lo están haciendo a costa de unas pacientes especialmente desvalidas, pues sufren enfermedades que en muchos casos aún no están plenamente reconocidas como patologías y presentan dificultades de diagnóstico.

Mediante revisiones médicas que en la mayoría de los casos no superan los 10 minutos de duración y que a menudo no van más allá de exploraciones superficiales, el ICAM está dejando sin efecto prestaciones reconocidas en vía judicial.

La actuación del ICAM en muchas de estas revisiones que concluyen con la retirada de las prestaciones de invalidez “es absurda y salvaje; una auténtica barbaridad “.

Las consecuencias son dramáticas para las afectadas. Se quedan sin ingresos, sin prestación de desempleo -que desaparece cuando se reconoce la invalidez posteriormente denegada- y con la obligación de hacerse cargo de hasta un 40% del coste de los medicamentos que están obligadas a consumir y que pueden suponer un gasto mensual de cientos de euros.

El planteamiento mercantilista del ICAM, organismo público dependiente de la Generalitat, se ve claramente leyendo en su propia página web la función y objetivos que quienes la dirigen se han dado: “La nostra missió és realitzar l’avaluació mèdica, la inspecció, la gestió i el control dels processos mèdics relacionats amb les incapacitats laborals i dictaminar sobre l’adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari públic en el marc de la responsabilitat patrimonial”. Su misión es la que se le otorgó cuando se creó pero dentro de un marco de responsabilidad patrimonial, o séase pues teniendo mucho cuidado de que sus decisiones no le originen un gasto excesivo a las administraciones.

En una memoria anual que sacan cada año también dejan claro su forma de entender la forma de gestión del organismo: “El mantenimiento del equilibrio económico constituye un aspecto clave en la razón de ser del ICAM y una premisa en su gestión”. Y en los objetivos estratégicos que periódicamente publican, como los que publicaron para los años 2011-2014 hablan de objetivos según la metodología DAFO. El objetivo del análisis DAFO es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga en función de sus características propias y de las del mercado en que se mueve.

En resumen les importa más los objetivos mercantilistas propios de empresa privada que en tener la vocación pública que se le debería presuponer a un organismo público.

 De quejas sobre el ICAM y sus resoluciones, así como denuncias y fallos judiciales, hay unas cuantas, sólo es necesario entrar por internet y buscar para darse cuenta y tener acceso a ellas, y las quejas también han llegado al Sindic de Greuges. Adjunto, como ejemplo, la sugerencia hecha en un lejano 2008 por la Sindicatura de Greuges pidiendo mejorar la gestión del ICAM: “Sobre la consideració dels informes o dictàmens aportats als metges de l’ICAM, el Síndic considera, sense qüestionar en cap moment la independència tècnica de l’ICAM, que s’haurien de tenir en compte tots els informes mèdics i resultats de proves de què es pugi disposar, tant els que aporta el pacient com els que l’ICAM hagi pogut demanar als seus consultors”. (Sobre la consideración de los informes o dictámenes aportados a los médicos del ICAM, el Síndic considera, sin cuestionar en ningún momento la independencia técnica del ICAM, que se deberían tener en cuenta todos los informes médicos y los resultados de pruebas de que se pueda disponer, tanto los que aporta el paciente como los que el ICAM haya podido pedir a sus consultores).

Personas que se sientan afectadas por las resoluciones del ICAM hay muchas, pues el porcentaje de incapacidades denegadas es cada día más elevado, sin haber podido conseguir unos datos actualizados los últimos a los que he tenido acceso del 2013 hablan de una denegación que rondaría el 40%, por no mencionar el número cada vez mayor de pensiones revocadas. El conseguir una valoración positiva del ICAM o el haber conseguido el reconocimiento de una invalidez a través de un fallo judicial no garantiza una plena tranquilidad, ya que las revisiones de oficio y posterior revocación de  las Invalideces no es algo excepcional.

Hablando con gente afectada y recopilando información a través de la red es fácil  ver cuáles son las enfermedades que más denegaciones sufren por parte del ICAM: enfermedades traumatológicas; neurológicas, entre las que se suele incluir la fibromialgia; las patologías de tipo digestivo, como la de Crohn; las metabólicas; así como las alergias, en su grado más alto, como la sensibilidad química múltiple, e incluso la esclerosis múltiple.

Hemos de pensar que padecer algunas enfermedades, como las que padecen algunas personas con las que he tenido contacto, como podrían ser todas aquellas relacionadas con el Síndrome de Sensibilitat Central (SSC), como la Fibromialgia o la Sensibilidad Química Múltiple, ya es bastante difícil para que encima la propia administración les ponga trabas a la hora de reconocer sus derechos,  cuando su obligación y preocupación debería ser trabajar por y para garantizarlos. Pensemos en el sufrimiento que puede suponer para una persona enferma con cualquiera de estas u otras enfermedades el verse imposibilitada para llevar una vida normal y sin poder trabajar, con un problema de quebranto económico que ello le puede suponer, para encima encontrarse con este trato discriminatorio.

“No puede ser –tal como expuso en su día el abogado Miguel Arenas- que el ICAM convierta el instrumento para conseguir una reducción del gasto. Es inconcebible que médicos que no son especialistas en estas patologías puedan dejar sin efecto los informes de los auténticos especialistas o las sentencias judiciales firmes, llevando a la revocación del derecho a una prestación ya reconocida. Claro que podemos volver a recurrir a los tribunales y probablemente conseguir que se vuelva a reconocer la invalidez pero ¿qué pasa con estas mujeres durante el año o los dos años que pueden tardar en obtener una nueva sentencia? Pues ¿de qué se supone que tienen que vivir unas personas que, según médicos y jueces, no pueden trabajar? “

MSNoferini