El inaes contra el lavado de dinero

En el marco de una conferencia de prensa desarrollada en el Salón Ramón Carrillo del Ministerio de Desarrollo Social, se llevó a cabo la "Presentación de las normas de incorporación del INAES -como ente colaborador- y cooperativas y mutuales -como entidades obligadas-, al régimen de Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del terrorismo”.
El acto fue realizado por el presidente del INAES, Patricio Griffin; el titular de la UIF, José Sbatella; el gerente de Inspecciones del INAES, contador Juan Daniel Cancelli; y la directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Información Financiera, doctora Mariana Quevedo.
A raíz de la reforma a la ley de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el Directorio del INAES impulsó su propia inclusión y la de las cooperativas y mutuales en el ámbito de la ley.
Junto con la UIF se trabajó en la redacción de las resoluciones que establecen las medidas y procedimientos que deberán observar tanto el INAES, como las cooperativas y mutuales comprendidas, para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que pudieran constituir delitos de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo.
“Estamos reforzando el sentido de transparencia, de participación y democracia que son los valores del cooperativismo y el mutualismo” afirmó Patricio Griffin, “ya en el 2009 informamos la decisión del directorio del INAES, sobre la vocación de participar dentro de las actividades que se consideren de riesgo, en la aplicación de la normativa de lavado de dinero” detalló.
Si bien las mutuales no eran sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, ese año se celebró un convenio de cooperación y asistencia técnica entre el INAES y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con el objeto de llevar a cabo actividades de cooperación mutua, asistencia técnica y  e intercambio reciproco de información, emprendimientos y programas específicos de capacitación en investigación que contribuyan al mejor cumplimiento de los propósitos previstos en el decreto Nº 1225/07,  que aprobó la agenda nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Por su parte José Sbatella sostuvo que “en la UIF, el INAES es el anteúltimo ente del Estado que nos faltaba integrar al sistema de prevención y sanción, en función de que a partir de 2010 todos los entes reguladores del Estado que tienen que ver con movimientos financieros, tienen obligaciones de colaboración entre ellos y la supervisión de todos los sujetos obligados, que en este caso serían las cooperativas de crédito y mutuales que trabajan con la financiación”.
“La idea es que este sector que venía con voluntad de participar en forma autónoma, con la ley se normalice y genere una complementación con otros sectores, para que el seguimiento de la base de dinero que circula tenga transparencia” destacó el titular de la UIF.
Sbatella comentó que “el sistema busca detectar situaciones donde aparezcan cooperativas ligadas a acciones de delitos precedentes. A partir de la ley, la evasión impositiva también forma parte del delito de lavado de dinero”.  Con el intenso trabajo que se viene realizando “estamos entrando en la sintonía fina del sistema contralor en la Argentina” concluyó.
La Ley Nº 25.246 de “Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo,” sancionada por el Congreso de la Nación en 2000 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 5 de mayo del mismo año (Decreto 370/00), crea en el plano preventivo la Unidad de Información Financiera, encomendándole el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves.
Por medio de la Ley Nº 26.268 sobre “Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo”, sancionada por el Congreso de la Nación en 2007 y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 4 de julio del mismo año, se modificó la Ley 25.246, extendiendo el mandato de la Unidad de Información Financiera al análisis de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.
La incorporación a la normativa tiene impacto en un sector que produce alrededor del 10% del PBI en Argentina e involucra a unos 14 millones de personas (más de 3.800.000 familias) en todo el territorio nacional. Por otra parte desarrolla servicios públicos en más de la mitad de los municipios del país, es responsable del 45% de los Lácteos, el 97% de la electrificación rural, el 60% del Seguro y genera alrededor de 1 millón de puestos de trabajo.