El jardín democrático en peligro: la fruta prohibida

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Naciones Unidas han mostrado su descontento ante la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. A pesar de ello, el Gobierno empuña el arma de la mayoría absoluta para sacar adelante un código que descontenta al 82% de la población española. En un país en donde se registran niveles ínfimos de delincuencia con respecto a los de la Unión Europea, cabe preguntarse cuáles son los verdaderos intereses que se quieren satisfacer con esta ley.

En la última legislatura, las protestas han ido en aumento, en consonancia con la acentuación de los problemas que amenazan a la joven, pero aún sana democracia española. Sin embargo, en vez de arrancar de raíz los problemas de la ciudadanía española, el Ejecutivo prefiere cortar las malas hierbas para aparentar un jardín sano, con una sociedad aparentemente acorde al camino que está tomando su mandato. Sin embargo, las raíces persisten aunque se poden, y las dificultades que sufre la sociedad española continúan, aunque se intente silenciarla. No solo no frenan los males que amenazan la verdadera seguridad y estabilidad social, sino que imponen una poda de cualquier crítica en donde la sanción más leve se lleva un salario mínimo interprofesional de 600 euros y la más grave supera esta por mil.

Estamos ante un Gobierno con falta de ética y autoridad moral, que pretende acabar con el único contacto que tiene con la sociedad: la protesta. La manifestación es el cimiento de la democracia, pues esta se basa en la existencia de pluralidad de opiniones y en la posibilidad de poder expresarlas. Si este riego se frena, la democracia se pudre, situando a este jardín mediterráneo en los momentos más oscuros de la historia, previos a la Transición, en donde no había vegetación, solo tierra inerte. La manifestación mantiene viva la democracia, pues siempre secunda un acto a favor del bien de todos, ya sea por la educación o la sanidad, el sustrato que permita que esta siga fuerte. Con esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana, el Gobierno pretende establecer un riego automático, en donde solo se manifieste en territorio público quién y cuándo el que controla el sistema quiera.

La ley ha salido a flote por un método antidemocrático, con total falta de apoyo dentro y fuera del Congreso. No se trata de una ley prohibitiva, sino que paraliza la protesta civil imponiendo el mayor miedo de una sociedad del bienestar como la actual, la pérdida monetaria. Ya no se trata de una coerción mediada, con agresiones policiales que contagian las redes sociales españolas de forma viral. Nos encontramos ante una burorepresión, silenciosa y cómoda, con una multa en el buzón sin previa posibilidad de establecer presunción de inocencia. Ya no es un juez quien decide la culpabilidad, sino el policía. Además, demostrar que no has cometido una infracción será difícil, pero demostrar que la ha cometido una autoridad del Estado, será caso imposible. A partir de ahora se podrá multar a quien grabe a un policía, pues va en contra de su derecho a la privacidad, a pesar de que estos videos muchas veces esclarecen excesos policiales. Queda entonces, en primera posición la imagen del policía, y en peor posición la seguridad e integridad ciudadana, que es por lo que supuestamente se lucha con este código. Tanto los sucesos perniciosos civiles como los de la autoridad deben ser registrados, ya que la grabación no les culpabiliza, son sus actos quienes sentencian la infracción.

El jardín libre de la democracia española, amenaza con convertirse en un invernadero, en donde quien controla el ecosistema decide la temperatura, el riego y los frutos. Lo que denota este código es miedo a que las medidas del gobierno no den los frutos adecuados.El problema radica en la brecha existente entre ley y realidad social. Se debe establecer un sistema judicial en función de los problemas de la sociedad y no en función de los intereses de quien quiere obtener ciertos frutos. Si la mayoría de la población no coincide con el contenido de la nueva Ley, por mucho que se pretendan obtener frutos rojos, saldrán verdes.

Con este nuevo código se trata de criminalizar derechos fundamentales recogidos en la Constitución, inherentes, e intocables. Sin embargo, por mucho que se deteste la lluvia, no hay manera de frenar a lanaturaleza, mucho más poderosa, que sentencia siempre en beneficio del crecimiento del fruto, no de quien quiere obtener beneficio con ello. Somos la mayoría silenciada, pero no lograrán su deseo de convertirnos en silenciosa.

Encuesta de Metroscopia sobre la Ley de Seguridad Ciudadana.