La historia del narcotráfico en México es convulsa y va acompañada de un nivel de violencia extremo. Desde que comenzaron las primeras ofensivas reales contra el narco en los años 80 hasta nuestros días, los éxitos de los sucesivos Gobiernos han sido prácticamente inexistentes. Por el contrario, los cárteles se han multiplicado, sofisticado y expandido por gran parte de la geografía mexicana. ¿Cuáles han sido los errores y por qué nadie ha sido capaz de frenar el todopoderoso crimen organizado?
El origen del narcotráfico en México es incierto y está rodeado de sombras. Mientras que muchos señalan a los inmigrantes chinos, llegados a México a principios del siglo XX con el equipaje cargado de sus conocimientos sobre el cultivo de opio y su dependencia a esta droga, otros creen que realmente el problema empezó décadas más tarde, cuando Estados Unidos, bajo la Administración de Franklin Delano Roosevelt, supuestamente impulsó el cultivo de la amapola en suelo mexicano. El supuesto plan consistía en producir la gran cantidad de morfina necesaria para calmar los dolores de los militares estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.
Fuera como fuese, lo cierto es que desde aquellos orígenes el narcotráfico se ha convertido en un gigante ingobernable que no para de aumentar su poder, que penetra en los cuerpos y las instituciones del Estado y es responsable de unos niveles de violencia salvajes. Según el Observatorio Nacional Ciudadano, México podría haber alcanzado los 19.000 homicidios a finales de 2016, una cifra que supone un aumento del 3,2% respecto al año anterior. También ha crecido el número de secuestros y extorsiones, de manera que, a pesar de algún éxito puntual que se anotó el Gobierno en la reducción de los niveles de violencia entre 2013 y 2014, todo indica que las cifras a finales de 2016 volverán a ser igual de desastrosas que al inicio de la legislatura del actual presidente del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
Y no solo aumentan las víctimas, también lo hace la expansión de los delitos por la geografía mexicana, algo que demuestra que el presidente y su equipo fracasan en el control de territorio a pesar de la gran inversión económica que se realiza para intentar frenar la violencia en el país. Sin embargo, el fracaso del actual presidente en la lucha contra el narcotráfico no es algo novedoso y exclusivo de su mandato. La expansión y el éxito del crimen organizado en México es la historia de un fracaso político desde el Gobierno de Miguel de la Madrid, que en 1985, presionado por Estados Unidos, lanzó la primera ofensiva real contra el narco en respuesta al asesinato del agente Enrique Camarena, de la agencia antinarcóticos estadounidense (conocida en inglés como DEA), a manos del Cártel de Guadalajara, antes conocido como la Organización de Sinaloa.
Las autoridades lograron entonces detener a los líderes Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, Don Neto. Habría que esperar hasta 1989, ya bajo el mandato del presidente Carlos Salinas de Gortari, para ver cómo caía el fundador del cártel, Miguel Ángel Félix Gallardo. Con un golpe de esa magnitud, se esperaba que se debilitaran profundamente los pilares del narcotráfico y se desplomara toda la estructura, pero nada más alejado de la realidad. Por aquel entonces, el pastel se lo repartían el Cártel de Guadalajara y el del Golfo, pero el descabezamiento del primero dio lugar al surgimiento de otros tres cárteles: el de Sinaloa, el de Juárez y el de Tijuana.
Desde los años 70, los cárteles han pasado de ser dos a nueve, a los que hay que sumar sus 37 células delictivas aliadas. Además, el 60% de los estados mexicanos sufre la presencia de al menos un cártel del narcotráfico. Las organizaciones sobreviven independientemente de la detención o caída de sus líderes, porque no se realizan las investigaciones sobre las redes de lavado de dinero ni sobre los poderes políticos que realmente son su soporte. La debilidad del Estado, la corrupción de las autoridades, el fallo del Estado de Derecho y la falta de una política de drogas integral son los ingredientes de la receta de la expansión del narcotráfico y el consiguiente aumento de la violencia. Pero no hay que olvidar que el éxito de los cárteles no sería el mismo si México no contara con su vecino estadounidense, que es uno de los países más voraces del mundo en el consumo de drogas.
La historia del fracaso de los Gobiernos
Fue durante el Gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), el primero de una serie de presidentes impulsores del neoliberalismo, cuando el director de la Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla, encargó el asesinato del periodista Manuel Buendía, que con su trabajo puso en evidencia el vínculo del narcotráfico con las autoridades federales y el Ejército, un cuerpo que gozaba de la fama de incorruptible. En los años 80, el dinero del narcotráfico comenzaba a carcomer instituciones importantes, como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Defensa o la Policía Judicial Federal. Por aquel entonces, el secretario de Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, fue acusado en dos juicios en tribunales federales estadounidenses de haber recibido jugosos sobornos del narcotráfico. Las acusaciones no sentaron nada bien a De la Madrid, que puso en marcha una serie de respuestas diplomáticas contra Washington por haber puesto en duda la honorabilidad de su ministro y no tomó ninguna medida al respecto.
Durante el mandato de Carlos Salinas (1988-1994), los tentáculos del narcotráfico llegaron hasta la familia presidencial. El hermano del mandatario fue sentenciado por enriquecimiento ilícito para más tarde ser puesto en libertad sin que nunca se llegara a saber qué ocurrió realmente. Paralelamente, bajo el mandato de Salinas se creaba la Subprocuraduría de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico, se decomisaban y destruían grandes cantidades de drogas ilícitas, se emprendían campañas con el Ejército para disuadir del desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico, se aumentaba la cooperación bilateral con los países vecinos y el país participaba en la elaboración de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobado por el Senado mexicano en noviembre de 1989.
Pero el final de los 80 y el inicio de los 90 fueron años prósperos para el crimen organizado. El Cártel de Tijuana o de los Arellano Félix creció durante los Gobiernos de Salinas y Ernesto Zedillo (1994-2000), mientras que el Cártel de Juárez alcanzaría un poder inmenso de la mano de su conocido líder, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, bautizado como el capo más poderoso, superando a los narcotraficantes colombianos, por la DEA. A la muerte de Carrillo Fuentes en 1996, la organización se debilitó, pero sus principales integrantes no tardaron en crear una nueva formación con base en Sinaloa. Algunos de los nombres se vienen repitiendo desde entonces: Ismael el Mayo Zambada, Juan José Esparragoza Moreno el Azul, Ignacio Coronel Villarreal, los hermanos Beltrán Leyva y Joaquín el Chapo Guzmán Loera. El Cártel de Sinaloa se convirtió entonces en el más poderoso en México junto al Cártel del Golfo.
Otro hombre más del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegaría en 1994 para convertirse en el último de los quince presidentes consecutivos que había conseguido su partido. Ernesto Zedillo protagonizaría un hito importante en la historia del combate contra el crimen organizado. En una visita del expresidente Bill Clinton en 1997, ambos Gobiernos firmaron un pacto de cooperación sin precedentes para la luchar contra el narcotráfico. El acuerdo sirvió para apaciguar un poco los ánimos del Congreso estadounidense, que ya entonces dudaba de la capacidad del Ejecutivo mexicano para combatir la lacra del tráfico de estupefacientes, a pesar de las sonoras detenciones de los cabecillas de los cárteles y su posterior extradición a Estados Unidos para ser juzgados.
Sin embargo, Zedillo tampoco salió indemne de los escándalos familiares relacionados con el narcotráfico. En 1998 un hermano del presidente reconoció haber firmado un negocio inmobiliario con personas que resultaron ser testaferros del ya fallecido Carrillo Fuentes, jefe del Cártel de Juárez. Además, durante el mandato de Zedillo, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien era el zar antidrogas de aquel momento, también fue acusado de sostener vínculos con Carrillo Fuentes. El general acusó a su vez al entonces secretario de Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, de proteger a altos cargos militares que tenían ensuciadas las manos con el narcotráfico.
Con el cambio de milenio, el Partido de Acción Nacional (PAN) llega a la presidencia pisando fuerte de la mano de Vicente Fox (2000-2006). En el primer año de mandato, su Gobierno presumió de lograr decomisar un 340% más de psicotrópicos que en el mandato anterior, así como de destruir miles de hectáreas de cultivo de marihuana y amapola. De nuevo, se lanzó una ofensiva exitosa contra algunos de los principales capos; sin embargo, durante este periodo surgen nuevos cárteles, Los Zetas y la Familia Michoacana, mientras que el líder del Cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, se fuga por primera vez de una prisión de máxima seguridad. Pasados los años y apartado del poder, Fox ha cambiado radicalmente de discurso y ha repetido en varias ocasiones que es necesario legalizar todas las drogas para acabar con el narcotráfico en México.
El período más sangriento
Al llegar 2006, el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), también del PAN, se enfrenta a un panorama sin precedentes: los cárteles ya no se dedican solo a vigilar y proteger el tránsito de los cargamentos de droga, sino que entran en conflicto para controlar el territorio. Al poco de llegar al poder, el presidente tomó la decisión de involucrar a la Policía y al Ejército en una lucha frontal contra el narcotráfico bautizada como la “guerra contra las drogas”. El exmandatario incrementó en un 50% el gasto en seguridad del Gobierno al tiempo que fortalecía la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Policía Federal.
El expresidente impulsó una guerra no declarada del Estado contra el crimen organizado y protagonizó uno de los períodos más sombríos de la historia de México. Esta ofensiva se saldó con alrededor de 70.000 víctimas mortales sin que sirviera para nada. Más aún, se exacerbó la violencia y las organizaciones criminales aumentaron su presencia. Calderón dejó de informar sobre el número de personas fallecidas en hechos relacionados con el crimen organizado en 2011 y, cuando fue cuestionado por el número de víctimas, dijo que se trataba de “daños colaterales”. El ahora expresidente se defiende diciendo que, cuando llegó a la presidencia, se encontró varios estados, municipios y ciudades donde había un proceso de captura del Estado.
Cuando el actual presidente mexicano, perteneciente al PRI, llega al poder en 2012, propone un abandono de la estrategia frontal de la “guerra contra las drogas” de Calderón contra las organizaciones del narcotráfico, con la intención de reducir los niveles de violencia. Según aseguró Miguel Ángel Osorio Chong, actual secretario de Gobernación, no solo se capturaría a los líderes de los cárteles, sino también a los principales operadores.
La realidad es que Peña Nieto se encuentra en el último tercio de su mandato y se estima que podría terminar su legislatura con unas cifras de violencia similares a las de Calderón. De las diez propuestas de seguridad nacional que el mandatario expuso dos meses después de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, en noviembre de 2014, ninguna ha sido aprobada por la Cámara de Diputados. Solo ha prosperado la creación del número de emergencia 911, algo que no necesitaba la aprobación parlamentaria.
Los errores que perpetúan la violencia
Javier Oliva, investigador experto en seguridad nacional, cree que el principal fallo que han cometido los últimos tres presidentes —Fox, Calderón y Peña Nieto— es que no han tenido ninguna estrategia ni visión de conjunto. En su opinión, ninguno de los tres ha tenido la capacidad o el liderazgo institucional para convocar a los otros dos poderes —legislativo y judicial— porque consideran que México es un régimen presidencialista.
Así, la falta de una política integradora es achacable a dos principales causas: la toma de decisiones políticas a corto plazo, con la mira puesta en las próximas elecciones, y la falta de cuadros formados en las instituciones, o, lo que es lo mismo, la “improvisación” de funcionarios sin conocimientos o experiencia para afrontar el problema. Otro de los errores principales es que se insiste en perseguir los efectos, pero no las causas; las políticas siempre son de contención, no de prevención. Ninguno de los mandatarios ha logrado llegar al origen del problema, cuyos dos ejes fundamentales son, de acuerdo con Oliva, la corrupción e impunidad y la tolerancia de la sociedad mexicana a las prácticas de ilegalidad.
El enfoque desde el que se ha planteado afrontar el crimen organizado nunca ha sido sanitario, aunque el tráfico y el consumo de sustancias ilícitas sea un problema de salud pública. Por el contrario, se ha continuado con el enfoque combativo, con una terminología militar. Desde 1970, las Fuerzas Armadas han sido el pilar básico para la lucha contra el narcotráfico, pero esta institución, tan bien valorada por los mexicanos, sufre un continuo desgaste, una sobreexposición y una sobrecarga de tareas.
Tampoco ha habido una respuesta eficaz a patrones que se han venido repitiendo en las últimas décadas y sobre los que el Gobierno debería tener una respuesta efectiva. Como hemos visto, la captura de los principales cabecillas del narcotráfico a menudo ha desembocado en la reestructuración y surgimiento de nuevas organizaciones. A día de hoy, tras la recaptura del Chapo, el Ejecutivo sigue sin tener las herramientas que le permitan paralizar la fragmentación de cárteles, una vez que han sido descabezados, en otros grupos escindidos.
Por último, el papel de Estados Unidos es clave, y no precisamente para bien. Más allá de las colaboraciones puntuales de las autoridades estadounidenses con México, anunciadas a bombo y platillo, la desconfianza de ambas instituciones es mutua. Hablando en cifras, el Congreso estadounidense calcula que entre 19.000 y 29.000 millones de dólares de ganancias ilícitas fluyen desde Estados Unidos hacia cárteles del narcotráfico y otras organizaciones criminales en México. El tráfico no es solo de dinero negro, sino que también se calcula que entran diariamente a México unas 2.000 armas provenientes de Estados Unidos. El panorama no parece muy esperanzador: el recién electo Donald Trump ya ha hablado claramente a favor de la enmienda para mantener la posibilidad de que el ciudadano estadounidense posea armas, algo que seguramente le hará un flaco favor al tránsito de armas ilegales a México. Mientras tanto, en Estados Unidos aumenta el consumo de droga; en concreto, el consumo de heroína es especialmente preocupante, porque prácticamente se triplicó entre 2007 y 2014 y llega a causar 10.000 muertes al año.
En México, los cárteles trafican con drogas, contrabando, armas y personas y lavan su dinero con bancos y proyectos económicos. En la actualidad, los grupos están más fragmentados, tienen un peso más local y diversifican sus actividades ilícitas para obtener más ingresos. El país sigue albergando las organizaciones criminales más peligrosas, violentas y sofisticadas del hemisferio norte, que consiguen extender sus redes hasta Canadá, Argentina e incluso a países de Europa.
Puzzle Bobble
Karate Blazers
Puzzle De Bloques
Magical Cat Adventure