El PP andaluz, preocupado por el prematuro desgaste de Rajoy, teme no alcanzar la mayoría absoluta

Aunque no lo declare en público, el PP andaluz está nervioso, tiene miedo ahora de no poder ganar por mayoría absoluta las próximas elecciones andaluzas y de que Andalucía permanezca cuatro años más en manos de la agotado y corrupto partido socialista, gobernando esta vez en coalición con Izquierda Unida.

El miedo a no obtener los votos necesarios para "liberar" a Andalucía del yugo socialista proviene del intenso rechazo que ha producido en las clases medias y en los líderes de opinión la inesperada subida de impuestos decretada por el gobierno de Mariano Rajoy, en contra de lo que prometió en la campaña electoral, una medida que ha "cabreado" y "decepcionado" a amplios sectores de la población y que está causando daños en las expectativas electorales de Javier Arenas.

De hecho, las encuestas señalan un estancamiento en la subida del PP o, incluso, un ligero retroceso de sus posibilidades electorales en Andalucía, que los expertos atribuyen exclusivamente al desencanto de muchos ciudadanos ante la brutal subida de impuestos decretada por el gobierno de Mariano Rajoy, en contra de sus promesas electorales y de la filosofía que le llevó a ganar las elecciones, según la cual donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los contribuyentes.

Hay muchos andaluces que piensan que el PSOE, por su corrupción e ineficacia, merece ser expulsado del poder en Andalucía, pero, después de la traición de Rajoy con los impuestos, muchos de esos votos tal vez no sean para el PP y se marchen hacia el Voto en Blanco, la abstención, UPyD o cualquier otra formación política minoritaria y no contaminada.

El "engaño" de Rajoy es el principal tema de los debates políticos y de las conversaciones en bares y en reuniones sociales. El argumento que se repite es que antes de haber subido los impuestos, los populares deberían haber eliminado muchos gastos prescindibles y superfluos, entre ellos las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales, tres organizaciones impopulares a las que muchos acusan de ser los principales focos de la corrupción, de la escasa calidad de la democracia y del hundimiento de la economía española.

Muchos miembros del PP reconocen la preocupación y el miedo a que no obtengan la mayoría suficiente para gobernar en solitario, lo que "condenaría" a los andaluces a seguir padeciendo, durante cuatro años más, un gobierno de izquierdas, esta vez plasmado en una coalición entre el agotado y desprestigiado PSOE y los comunistas de Izquierda Unida, lo que daría lugar a un gobierno todavía más radical e izquierdista, aislado de la corriente conservadora que ya ha conquistado casi la totalidad de España, todo un "drama" para Andalucía.

Los pensadores del PP andaluz están buscando soluciones a toda prisa, ya que el tiempo es escaso porque las elecciones serán en el próximo mes de marzo. Los escándalos terribles protagonizados por el PSOE andaluz, en especial la implicación directa de altos cargos del gobierno andaluz en el sucio asunto de los EREs falsos, quizás no sea suficiente para neutralizar la inmensa indignación provocada por la subida de impuestos de Rajoy, que convierte a los españoles en los ciudadanos de Europa más explotados y esquilmados a impuestos por su gobierno.

El argumento que más indigna es la constancia demostrada de que si se suman las tasas municipales, los IBIs, el IRPF y otros tributos, cada andaluz debe trabajar para el Estado una media que supera ya los seis meses de cada año, un auténtico e injusto abuso que convierte en depredadora y confiscatoria la política fiscal española.

Lo curioso del debate es que los andaluces se muestran dispuestos a pagar más para ayudar a salir de la crisis, como lo demuestran algunos datos de generosidad constatados, entre ellos el incremento notable de las donaciones a Cáritas y a otras organizaciones éticamente fiables, pero pocos entienden que el gobierno haya optado por meter la mano en la cartera del ciudadano antes de eliminar gastos superfluos, impopulares y hasta nocivos, entre los que sobresalen las subvenciones cuantiosas a los partidos políticos, sindicatos y patronal, organizaciones que en la mayoría de las democracias avanzadas no se nutren de los impuestos ciudadanos sino de las cuotas de sus afiliados.