El PSOE andaluz quiere evitar la batalla de Sevilla

Los ex consejeros que mantuvieron en el cargo al ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, que gestionó los seiscientos cincuenta millones de euros de la Junta para ayudas a empresas en crisis donde se ha detectado la trama de falsas prejubilaciones, José Antonio Viera y Antonio Fernández, no tuvieron responsabilidad alguna en las posibles irregularidades cometidas desde dicha dirección general.

Es la conclusión a la que ha llegado la dirección del PSOE de Andalucía, tras una reunión celebrada el jueves pasado en su sede de Sevilla. La cita se vio precedida por una dura sesión de control en el Parlamento andaluz en la que diputados del Partido Popular e Izquierda Unida reclamaron sus dimisiones.

Craso error. Porque a estas alturas de la película ya nade se cree que los ex consejeros no supieran nada del asunto, cuando hasta las suegras sabían el camino que tenían que transitar para acceder a una prejubilación fraudulenta. Debe ser que la sordera y la cortedad de visión son cualidades inherentes para postular al cargo, porque lo que está aflorando en los medios ya ha sobrepasado más que sobradamente aquella infantil teoría de los “cuatro sinvergüenzas” y tiene toda la pinta de ser una banda completamente estructurada y organizada.

Es difícil de asimilar, si no imposible, que los ex consejeros no estuviesen enterados, ni siquiera de oídas, de una trama en la que están implicados militantes socialistas y altos cargos, máxime cuando algunos de ellos eran personas tan cercanas a quienes ahora debía asumir la responsabilidad política. Y más difícil de creer resulta aún cuando se ha revelado que la inclusión de intrusos continuó después de que el presunto responsable de todo el embrollo, Javier Guerrero, fuese relevado de su cargo. El cuento es ya tan rocambolesco que las causas de tan errónea decisión hay que buscarlas en clave interna.

Si el 54% de los ERE de la Junta están contaminados con intrusos y con ese mismo fondo se contentaba a alcaldes, presidentes de diputaciones y fundaciones a través de 130 ayudas, no parece plausible que los responsables directos de la consejería donde anidaba el germen corrupto no estuvieran enterados de nada. Y aunque así fuera, algo más que discutible, eso mismo sería motivo más que suficiente para despedirlos ipso facto, porque debieron ser los únicos que no escucharon el estruendo de la tormenta.

En el trasfondo de la decisión de la dirección de los socialistas andaluces dormita el peso de una figura clave que está en el punto de mira; el secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, uno de los ex consejeros que mantuvo a Guerrero en el cargo y el firmante del convenio de la consejería con el IFA que incluye el procedimiento que la policía judicial considera irregular.