El sistema judicial huele a podrido

La desvergonzada intromisión del poder legislativo y ejecutivo en el judicial para influir, presionar y amedrentar a éste con el fin de que las investigaciones y sentencias judiciales sean guiadas hacia el beneficio de los poderes imperantes en el estado español, es decir, en beneficio de las grandes corporaciones empresariales y sus más fieles sirvientes, los funcionarios políticos, han dejado definitivamente podrido el sistema judicial y en entredicho el estado de derecho, ya que, ante indicios y pruebas contra altos mandatarios e importantes hombres de negocios, los resultados, si es que estos llegan, acaban siendo sorprendentes, con los presuntos delincuentes de guante blanco yéndose de rositas.

Ocurrió con el banquero Blesa, probablemente el máximo responsable del hundimiento del sistema bancario en España. Ocurrió con la trama Gürtel, cuyo único condenado en el juicio que se realizó fue el juez, lo mismo que ocurrirá a Silva en el caso Blesa. Ocurrió también en el caso Prestige, tras un excesivo número de años esperando el juicio contra los responsables, se dictaminó que nadie tuvo la culpa, sí, así es, el crudo brotó del fondo del mar, como un géiser. Y ocurre cada día con casos sorprendentes de favoritimo e impunidad. Luego, si por error, la sentencia condena a uno de estos intocables, llega presto el merecido indulto del gobierno, en un acto de desautorización del fallo de los jueces realmente vomitivo y que no hace sino provocar la desconfianza del sistema judicial.

Por otra parte, al mismo tiempo que vemos estos privilegios jurídicos, nuestro sistema judicial se muestra implacable con los errores de los más desfavorecidos: personas que cometen pequeños delitos por necesidad o desesperación. Se condena a penas de cárcel a alguien que sustrae pequeñas cantidades de comida en un supermercado porque no tiene para comer; o porque protesta contra su injusto despido, o que reclama su derecho a una sanidad pública. Con éstos, el sistema judicial no tiene piedad e impone condenas desproporcionadas e injustas, incluso su celeridad es sorprendente si se compara con las sonrojantes demoras de casos aparentemente claros de delitos de fraude, tráfico de influencias, etc.

El último ejemplo de estos tratos desiguales lo tenemos en la imputación de la Infanta por el caso Nóos, en el que la intromisión y protección descarada llevada por los organismos gubernamentales -incluido el ministerio de Hacienda- está llegando a límites intolerables. El juez Castro, que continuamente se ve obligado a argumentar y justificar sus decisiones cuando éstas tienen que ver con Cristina de Borbón, está sometido a presiones, críticas y acusaciones graves que demuestran que en España, el sistema judicial es realmente benévolo con ciertos personajes. La última acusación es la del fiscal Horrach, otrora colaborador de Castro en la lucha contra la corrupción y que ahora se ha posicionado claramente de parte de la hermana del Rey.

Es una lástima que nuestro sistema judicial esté tan podrido que es capaz de llevarse por delante a jueces que sí están comprometidos con la justicia y con el estado de derecho, como Castro, como Ruz, como Alaya, etc. Todos ellos están sufriendo campañas bochornosas de desprestigio, acusaciones de todo tipo y otras presiones que no sabemos pero que podemos imaginar. Así no se puede construir una democracia limpia.