El Tribunal Supremo americano y el matrimonio gay

A pesar de que es nuestro deseo aquí, como gente progresista comprometida con tener una sociedad más justa e igual que las personas homosexuales puedan casarse si así lo desean, tengo que dar la nota negativa de todo este asunto y repetir lo que ya he dicho aquí tantas veces: el hecho de que el Tribunal Supremo de EEUU, compuesto de 9 jueces VITALICIOS, sea el árbitro final en cuestiones tan importantes es una tragedia para cualquier democracia.

Entiendo la felicidad de los gays en este momento histórico de USA…un momento, por cierto, superado ya hace más de una década en Europa (un continente tradicionalmente mucho más progresista en cuestiones sociales que USA). Pero es preocupante todo esto – en efecto, el Tribunal Supremo americano se ha sacado de la chistera un nuevo derecho que NO EXISTE en la Constitución. Creo firmemente que estas disputas morales tan profundas deben ser resueltas por el pueblo a través de sus representantes elegidos o mediante referéndums públicos. Como dijo el Juez Roberts en su opinión en contra, “el Tribunal no es un poder legislativo y los jueces deben decir qué dice la ley, no qué DEBE ser” (la ironía es que Roberts hizo exáctamente lo mismo en sus decisiones a favor del Obamacare).

Pero a pesar de estas realidades, voy a decir unas cosas a continuación que seguro serán interpretadas como muy controvertidas, pero creo que ya va siendo hora de decirlas (llevo años diciendo lo mismo, así que algunos no se sorprenderán).

Lo cierto es que muchos liberales, casi todos, comparten la visión conservadora sobre el papel de un tribunal supremo, desgraciadamente. En la imaginación política liberal, el Tribunal Supremo es una institución que debe velar por principios legales en vez de ser un órgano político. Aquí muchos me han criticado en decenas de ocasiones con frases ridículas tales como “¡¡la justicia española está politizada!!” o “¡¡hace falta separación de poderes ya!!” Como escribió el famoso filósofo Richard Rorty, “los liberales miran al Poder Judicial como la única institución política en la que todavía podemos sentir algo parecido al temor reverencial. Esta reverencia es el respeto por la capacidad de hombres y mujeres decentes poder sentarse alrededor de una mesa, debatir y llegar a un consenso razonable”.

Sintiendo desprecio por el conflicto político necesario, la mayoría de los liberales buscan llegar al consenso a través de la conversación. Y, en lo ideal, prefieren que esas conversaciones tengan lugar entre unos pocos, una élite de los que manejan el poder. El único “consenso razonable” que puede producir el Tribunal Supremo americano es profundamente ANTIDEMOCRÁTICO y así lo querían sus fundadores. El entusiasmo de tantos liberales por el Poder Judicial no solo es preocupante, sino que además no es nada liberal. Preferir buscar cambiar la política y las leyes a través del tribunal en vez de mediante el enfrentamiento y la lucha política nos debe servir como ejemplo de hasta qué punto la política progresista liberal ha sido vaciada de contenido y propósito.

En 1789 – el mismo año en que franceses revolucionarios irrumpieron en la Bastilla, los ricos terratenientes de los nuevos Estados Unidos independientes estaban en proceso de consolidar sus poderes. La Revolución francesa quiso acabar con la aristocracia. En Estados Unidos, sin embargo, una nueva aristocracia de terratenientes, mercaderes y esclavistas – es decir, los autores de la Constitución, buscaron impedir cualquier cosa que oliera a revolución francesa en tierra americana. Estaban horrorizados con las revueltas populares que se veían en toda Europa, sus exigencias para perdonar la DEUDA (igual que ocurre ahora en Grecia aunque sin sangre) y estados que estaban peligrosamente cerca de subordinar los intereses de acreedores y élites comerciales-mercantiles a las exigencias de granjeros y trabajadores.

A través de la Constitución americana, los autores querían imponer unas instituciones que resistirían las presiones democrática y silenciar expresiones de soberanía popular. A pesar de que los autores sí hablaban de la idea de “soberanía popular”, lo hacían en términos totalmente negativos. La famosa Convención Constitucional americana de 1787 no puede ser ni de broma caracterizada como una asamblea constituyente como sí hubo en Francia. Fue convocada, de hecho, en un estado de excepción en vez de fermento revolucionario. Los delegados quisieron forjar un gobierno nacional que no cayera en el “democratismo” ni mucho menos en expresiones de soberanía popular. La temían muchísimo. Recordemos que hasta mediados del siglo XX, “soberanía popular” en Estados Unidos significaba mandar la Constitución a los estados para que los gobiernos de éstos la ratificaran, no los ciudadanos. Ni de lejos tenían en mente una democracia participativa y popular como la que nosotros sí defendemos aquí.

La constitución americana sí habla de la soberanía popular como fuente de su autorización, pero establece una serie de instituciones antidemocráticas. A diferencia de las instituciones políticas de la Francia republicana, las instituciones americanas son todas descentralizadas, dominadas por élites y no hay ninguna oportunidad para la participación directa de sus ciudadanos. En este sentido, el Tribunal Supremo participa en la política americana intntando frustrar el ejercicio de poder democrático. Esa es su función principal.

Antes de la Guerra Civil americana, el TS se abstuvo casi totalmente de derogar legislación congresional por cuestiones constitucionales. La única decisión importante fue la del juez maximus Roger Taney en el famoso caso sobre la segregación racial conocido como Dred Scott v. Sanford. Taney escribió que el Congreso no podía prohibir la extensión de la esclavitud a los territorios y dijo, en su frase más infame, que las protecciones constitucionales solo eran para los blancos, no los negros. Dred Scott anticipó el uso futuro y más obvio del famoso “repaso judicial” (Judicial review) americano: proteger los límites constitucionales contra las incursiones de la política democrática.

Dred Scott no fue derogado por otra decisión judicial, sino gracias a la victoria del norte contra el sur esclavista. La revolución burguesa americana – la movilización y muerte de cientos de miles de soldados, junto al surgimiento de un gobierno FEDERAL CON PODERES REALES Y NACIONALES fue lo que acabó con la esclavitud, y no las deliberaciones de nueve señores mayores vestidos con bata negra. La victoria del gobierno federal en la Guerra Civil la tenemos en la Tercera, Catorce y Quinta Enmiendas de la Constitución amricana, que establecen la supremacía del concepto nacional en cuestión de ciudadanía por encima del sistema semi-feudal de derechos ciudadanos existentes en la república esclavista agraria.

Pero la tinta ni siquiera se había secado en la XIV Enmienda cuando el mismo tribunal se dedicó a impedir que el gobierno federal protegiera a sus ciudadanos contra los abusos de gobiernos estatales locales – ejemplos los tenemos a miles en USA: la “reforma” del bienestar social que criminaliza a los pobres en muchos estados del sur, las leyes que revientan a los sindicatos, y los asaltos constantes contra la educación pública.

No fue hasta los años 30, con las amenazas del gran presidente liberal Franklin Delano Roosevelt, que se intentó poner un poco de orden a estos señores endiosados. La experiencia de los años 30 nos debería enseñar a los liberales dos lecciones: Primero, la principal función del tribunal supremo americano siempre ha sido derogar leyes populares. Segundo, un tribunal ultraconservador puede ser superado mediante una excelente organización y acción concertada dirigida por coaliciones populares de líderes políticos, sindicatos y organizaciones de masas, de partidos, así como también activistas comunes.

El resultado es perverso: como el TS es el único y último árbitro de la Constitución, los liberales se ven obligados a concebir sus ideas del orden político solamente – exclusivamente – en términos judiciales impuestos por el tribunal supremo conservador.

Con la asistencia de administraciones republicanas, el tribunal dirigido por Rehnquist en los 90 y ahora por Roberts han hecho de todo para mordisquear poco a poco los cimientos del poco estado de bienestar que hay en EEUU y que fue establecido en el siglo XX. Los conservadores en el tribunal rechazan que el Congreso pueda regular la actividad económica a nivel estatal, derogando así leyes tales como las zonas libres de armas de fuego cerca de colegios como parte de la ley contra la Violencia. Claro, como buenos “libegales”, siempre hacen sus propias excepciones: permitir, por ejemplo, que el Congreso sí pueda aplicar política conservadora, como prohibir que los estados puedan derogar las leyes contra las drogas).

CONCLUSIONES

Siendo las cosas tan malas, ¿por qué hay tanto defensor liberal del Tribunal Supremo? La respuesta la tenemos, precisamente, en la terrible despolitización que hemos sufrido durante décadas desde los años 70.

Ahora cualquier cosa que sea agitar, organizar y enfrentarnos (a diferencia de la derecha financiera que son expertos en estas tácticas), no pocos liberales siguen pensando que el antagonismo político puede superarse mediante el Derecho constitucional.

Lo poco progresista que haya podido conseguir el Tribunal Supremo no podía durar, precisamente porque se consiguieron esos logros a través de la deliberación elitista y no la movilización de masas. En ausencia de amplias masas, electores, electorados (tómate la palabra que quieras) que puedan ser agitadas u organizadas para defender ciertos ideales, las decisiones judiciales quedan en papel mojado. No hay nada que ahora impida que en un futuro (probable o improbable es irrelevante) el matrimonio gay pueda volver a ser ilegal si así lo decide el Tribunal Supremo.

Los “premios” que los liberales hemos podido ganar con esta juristocracia son basura y nada seguros: derechos anoréxicos al aborto que están cada vez más en peligro, concepciones porosas del derecho a la privacidad, y casi ninguna protección contra servicios policiales cada vez más militarizados en Occidente. Movimientos de masas podrían haber conseguido y ganado estos premios, más y mejor, mantenerlos también, presionando a las instituciones políticas para redactar leyes, revisar procedimientos administrativos, o incluso, “Dios libre” dirán algunos, ALTERAR LA CONSTITUCIÓN AMERICANA TRASNOCHADA.

Organizar grandes coaliciones como estamos viendo en España y enfrentarnos a las poderosas instituciones políticas debe estar en el epicentro de la política liberal, no las sutilezas jurídicas o las interpretaciones brillantes de textos anticuados del siglo XVIII. Derechos permanentes al aborto serán mucho más duraderos (perdonad la redundancia) si se consiguen a través de una gran coalición que exija de una vez por todas en EEUU, el acceso universal a la Sanidad. Reformar las prácticas policiales racistas no son nada sin que exista la voluntad política de poner de rodillas un sistema que militariza a la policía. Enfrentarse a la terrible desigualdad con respecto a lo económico, el género o la sexualidad es un proyecto mejor organizado a través de alianzas con distintos grupos, no disputas sobre tal o cual frase de la Constitución de los terratenientes de origen inglés y adinerado.

Los liberales deben abandonar intentar conseguir resultados progresistas mediante el Derecho constitucional. Nunca es tarde para buscar una nueva política en la que sea impensable la intereferencia judicial.

¡Otro sistema es posible!