De media, en los primeros tres meses del nuevo sistema de afiliación de la Seguridad Social solo nueve empleadas se dieron de alta al día en la comunidad.
La Asociación de Empregadas de Fogar Xiara cree que la nueva ley "es solo un apańo", que no logrará reducir el 70% del empleo sumergido que hay en este sector en la comunidad -mayoritariamente femenino-, y denuncia que los despidos han aumentado.
En el tercer mes del ańo había en Galicia 21.083 trabajadoras domésticas registradas, 5.893 en el Régimen General, donde deberán afiliarse a partir de ahora todos los cotizantes del sector, y 15.190 en el Régimen del Hogar. Al cierre de diciembre -último mes antes del cambio de normativa-, había 20.242 afiliadas en la comunidad, por lo que Galicia solo regularizó la situación de 841 trabajadoras del sector en los primeros tres meses del ańo, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo, ya que el resto se corresponde con afiliados procedentes del antiguo régimen, que se extinguirá a finales de julio.
Desde Xiara seńalan, por la contra, que ahora "hay muchos más despidos" y más bajas, ya que muchas familias no pueden actuar "como empresas" y deciden prescindir de las trabajadoras domésticas antes que regularizarlas.
La asociación también critica la ignorancia sobre el decreto en las oficinas de la Seguridad Social. "Existe una gran desinformación general sobre el nuevo régimen de cotización y en los organismos oficiales hay muchas contradicciones. A unas les dicen que tienen que cotizar por horas, cuando la ley dice claramente que es por el salario que se percibe", explica Teresa Rodríguez, portavoz de la asociación.
Las empleadas de hogar que trabajen en varios domicilios, aunque sea durante un número pequeńo de horas a la semana deberán tener tantos contratos como hogares en los que prestan sus servicios. El hecho de que las familias que contratan a trabajadoras domésticas se conviertan en empleadores o pequeńas empresas supone una traba en muchos casos, por eso desde Xiara reclaman que el Gobierno ayude a la familias que tengan pocos ingresos para poder mantener los servicios básicos, "como el cuidado de nińos o de mayores".
Pero la principal reivindicación del sector es que las condiciones se equiparen totalmente a las del resto de trabajadores del Régimen General para tener derecho al paro o, en caso de ser necesario, al Fondo de Garantía Salarial, algo que de momento no está regulado
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