En peligro

La comunidad cinematográfica de nuestro país reaccionó enseguida a la operación mediática destinada a forzar la renuncia de Alejandro Cacetta a la presidencia del INCAA y de Pablo Rovito a la rectoría de la ENERC. A las expresiones colectivas como esta resolución de doce puntos aprobada por unanimidad en una asamblea abierta, se les sumaron comunicados corporativos como éste de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina y éste de la productora Pampero Cine, y declaraciones personales como las del realizador Luis Puenzo en diálogo con los conductores del programa radial Una nueva aventura.

Por las redes sociales y WhatsApp, integrantes de la misma comunidad se dirigieron a toda la ciudadanía para explicarle que la producción de cine nacional no se financia con la plata de los jubilados o con los impuestos que pagamos todos. En realidad existe un Fondo de Fomento de Cine que se abastece, por un lado, con el diez por ciento del dinero que los espectadores pagamos cada vez que compramos una entrada (de cine) y, por otro lado y sobre todo, con el monto derivado del canon que los operadores de emisoras de radio y canales de televisión de aire y cable abonan por el uso del espacio radioeléctrico nacional.

El pago de ese canon supone un desembolso importante de dinero. Y como bien señaló Puenzo en Una nueva aventura, es justo que así sea porque el usufructo del espacio radioeléctrico nacional es la base donde las empresas mediáticas -que no son fundaciones altruistas sino entidades con fines de lucro- construyen su (muy redituable) negocio publicitario.

Nuestra comunidad cinematográfica también reaccionó rápido en enero pasado, cuando el diario La Nación publicó este artículo de Florencia Donovan sobre la intención gubernamental de presentar un proyecto de reforma tributaria que, entre otras modificaciones, propone -o proponía- “eliminar impuestos de bajo potencial recaudatorio y que en algunos casos financian fondos con asignación específica, como (…) la tasa del 10% que recae sobre las entradas de cine”. El sector ejerció tanta presión que el ministro de Hacienda de la Nación Nicolás Dujovne y su par de Cultura Pablo Avelluto descartaron ese recorte, aseguraron que “el INCAA mantendría sus fuentes de financiamiento” y se comprometieron a “trabajar juntos” para que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales “funcione con la mayor transparencia” (aquí figura una síntesis oficial de la declaración conjunta).

En nombre de esa transparencia, el programa de América TV Animales sueltos emitió el miércoles 11 de abril el informe ‘Corrupción en el INCAA’, cuyas revelaciones provocaron la inmediata intervención de Avelluto y Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción. La operación mediático-política o político-mediática fue repudiada incluso por realizadores y críticos de cine que en numerosas ocasiones declararon su simpatía por la alianza Cambiemos.

La comunidad cinematográfica entiende que la denuncia televisiva de corrupción volvió a abrir el juego que Dujovne y Avelluto debieron cerrar a principio de año, ante la resistencia que provocó la propuesta de eliminar la quita del diez por ciento a las entradas de cine. Ahora el objetivo es más jugoso que entonces: suprimir o al menos reducir considerablemente el canon y el impuesto a la pauta publicitaria que los operadores de radio y TV pagan por usar el espacio radioeléctrico.

Desde este punto de vista, la administración cambista avanza por el mismo camino que transitó cuando redujo las retenciones aplicadas al sector agroexportador y eliminó todas aquéllas a la actividad minera. En el rubro audiovisual, dio un primer paso a fines de 2015, cuando desarticuló primero por decreto, luego con aval legislativo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Al poco tiempo de que Mauricio Macri asumiera la Presidencia de la Nación, los documentalistas fueron los primeros en señalar la intención gubernamental de tocar el fondo y el régimen de fomento de cine nacional. En marzo pasado, este sector de la comunidad cinematográfica elaboró -también en una asamblea abierta- un petitorio contra la puesta en marcha de un plan destinado a “entregar la mayor parte de los fondos a películas comerciales de grandes empresas… y (a) imponer un sistema de puntajes y requisitos financieros prohibitivos para los realizadores independientes, tanto de documental como de ficción”.

La operación político-mediática de Semana Santa suena a golpe de efecto concebido para acelerar los tiempos del nuevo régimen de fomento que arrancó -según los documentalistas- con las Resoluciones INCAA Nº 1/2017 y 65/2017. Desde este punto de vista, la administración macrista necesita a alguien (todavía) más expeditivo que el saliente Cacetta.

Por el momento esa persona es Ralph Haiek, que en principio asumirá mañana lunes la presidencia del instituto de cine. “Lo bueno es que empieza una nueva etapa” dijo la mencionada Alonso después de anunciar una “reforma integral” que parece amenazar no sólo las fuentes de financiación de nuestro cine nacional sino, y acaso sobre todo, la sobrevida del cine nacional independiente (o de autor) que nos libera de la estética, los monotemas, los estereotipos que imponen las productoras de cine serial o industrial.

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Actualización de las 20:13
La comunidad cinematográfica convoca a una concentración en defensa del cine nacional mañana lunes 17 de abril a las 12 del mediodía en la puerta del INCAA. La cita apunta, entre otros objetivos, a insistir en los siguientes puntos de la resolución aprobada el jueves pasado y linkeada en el primer párrafo de este post: 1) exigir la renuncia del ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto; 2) respaldar la continuidad de Pablo Rovito como rector de la ENERC; 3) reclamar para el Instituto Nacional de Ciencias y Artes Audiovisuales un nuevo presidente que surja de una lista de candidatos previamente consensuada por asamblea; 4) discutir el plan de fomento retocado a principio de año; 5) definir la estrategia de visibilización de la política de (des)inversión en el cine nacional, en el marco del inminente BAFICI.