Entrega al juez la tutela de un dependiente al no poder atenderle por el copago

«No hay motivo para la alarma». El llamamiento a la tranquilidad que realizó la semana pasada la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ante la rebelión suscitada por el nuevo sistema de aportación de los usuarios a la financiación de los recursos de atención a la discapacidad, más conocido como el copago, no parece que haya calado entre los destinatarios del mensaje. Un hombre que ha sido tutor durante quince años de un adulto con discapacidad tiene previsto presentarse en la mañana de hoy en los juzgados de instrucción de Alzira para entregar al juez la tutela del discapacitado con la intención de que el magistrado la devuelva a la Conselleria de Bienestar Social al considerar que, con el copago aplicado, no puede garantizar que los ingresos de la persona discapacitada y dependiente sean suficientes para tutelar dignamente a su, hasta ahora, tutelado. No ha trascendido la identidad de esta persona, aunque sí su voluntad de entregar al juez de Alzira la renuncia a la tutela, en lo que supone una claro gesto de denuncia sobre lo que implica la aplicación del decreto de copago establecido por el Consell.
Como ya ha venido informado Levante-EMV en las últimas semanas, numerosos ayuntamientos valencianos se han rebelado contra el decreto de la Generalitat que estipula el copago, bien con la aprobación de resoluciones en las que se reclama directamente la revocación, bien con acuerdos como el adoptado por el Ayuntamiento de Valencia para no aplicar esta medida en los centros ocupacionales y asumir todo el coste. Coincidiendo con este movimiento de oposición, desde la conselleria de Bienestar Social se anunció el compromiso de asumir un incremento de la cantidad de dinero mínima que conservarán los discapacitados tras abonar el copago establecido por la Generalitat de forma individualizada. El copago entró en vigor el 1 de enero a raíz de un decreto de la Generalitat Valenciana que establece que ningún discapacitado ha de pagar más del 90% del coste del servicio de residencia, pero tampoco puede quedarse con menos de 125 euros para libre disposición.
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