A pesar de que la censura mediática ha intervenido con ímpetu, el reciente accidente de la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha desatado una tormenta de rechazo en Internet que demuestra hasta que punto la ciudadanía española está harta y asqueada de los privilegios de los políticos. Los medios han suprimido los comentarios de los lectores, demostrando así su sometimiento al poder y su escaso interés por reflejar la verdad de una sociedad que ya no rechaza a sus políticos sino que, además, en demasiadas ocasiones, los odia.
Si los comentarios no hubieran sido censurados, habría quedado claro el deseo ciudadano de que Jaime O. G. J., el conductor del BMW que atropelló a Cifuentes, reciba el mismo indulto que recibió Ramón Ríos Salgado, el conductor “kamikace” que mató a José Dolz y que fue indultado por el Gobierno cuando contrató los servicios jurídicos del bufete de Uría y Menéndez. Allí trabajan un hijo del ministro de Justicia, concretamente José Ruiz Gallardón y el hermano del ex secretario de Estado de Justicia, Ignacio Astarloa, pues Esteban Astarloa fue incluso quien lo defendió. En otros comentarios se pedía un trato equivalente al dispensado por la Justicia a Miguel Angel Rodríguez, el ex portavoz del Gobierno del PP que fue detenido cuando cuadriplucaba la tasa de alcoholemia y embistió con su Mercedes A-160 a varios coches que se encontraban estacionados en una céntrica calle madrileña. La borrachera de Rodríguez era descomunal, pero el alegó que el agente de policía que lo detuvo era sudamericano y le tenía “inquina”, además de negar que hubiera tomado tantas copas como el alcoholímetro evidenciaba.
La gente está harta de que los políticos vivan un mundo especial, plagado de privilegios y distinciones, que, a juzgar por lo que hacen, no merecen y es profundamente injusto. La crisis, la corrupción institucional y el abuso de poder de los políticos ha tenido un efecto beneficioso al menos: la gente ya no se deja engañar ni aplastar fácilmente por esa manada de privilegiados que no posee mérito alguno, que no representa a los ciudadanos, sino a sus partidos y que se empeña en llamar democracia a lo que ellos han construido como una sucia dictadura de partidos políticos y de políticos profesionales, cargados de privilegios y dotados de una vergonzosa impunidad.
La ley se aplica en España de manera suave para los amigos del poder y sin clemencia para los delincuentes camunes. Mientras que un ciudadano común puede pasar trees años o mas en la cárcel por haber robado un jamón para satisfacer el hambre de sus hijos, los que han saqueado las cajas de ahorro y se han llevado a sus casas decenas de miles de millones de euros siguen en libertad y sin cargos, al igual que los responsables de la gran estafa de las participaciones preferentes, mediante la que han robado miles de millones a los ahorradores mas ancianos y desprotegidos.
La reciente imagen del ex presidente andaluz José Griñán, señalado por la Justicia como futuro imputado, que es "premiado" por su partido con un acta de senador para que disfrute de los privilegios del aforado, que le preservan de la justicia ordinaria al igual que lo estaban los nobles de el pasado, ha contribuido poderosamente al descrédito de la casta política y de sus aliados los jueces y magistrados politizados.
España cada día es una caso mas evidente y claro de despotirmo político. Las encuestas reflejan con claridad el rechazo masivo de los ciudadanos a sus políticos, lo que convierte a los partidos y gobernantes en privilegiados impuestos y no deseados por los únicos que deben mandar en una democracia: los ciudadanos, que se sienten expulsados del proceso de toma de decisiones y que son conscientes de que los políticos electos no les representan a ellos sino a sus respectivos partidos, toda una aberración antidemocrática.
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