España pide a gritos un cambio drástico en su sistema político, deteriorado hasta el extremo de que los ciudadanos odian a sus políticos y los políticos desprecian y explotan a los ciudadanos que les mantienen con sus impuestos. El sistema, carcomido por la corrupción, el abuso de poder y la prostitución de la democracia, hace agua y sólo necesita ya el empujón final para que salte y sea sustituido por algo mas digno, decente y justo.
El cambio deben hacerlo los jueces y la sociedad, los primeros procesando a los responsables de la estafa y el saqueo a las instituciones y los segundos, mediante su voto y su protesta, acabando con los actuales partidos que han sustentado y expandido la corrupción.
El saqueo sistemático de los políticos y de sus aliados a las arcas públicas no puede tener perdón, ni quedar impune. Está en juego la dignidad, el prestigio y el futuro de todo un pueblo, que está cansado de ser víctima y de ser expoliado por lo que ya todos llaman "la casta", un término que retrata la arrogancia, la lejanía y el abuso de un poder político español que ha repudiado al ciudadano y ha dinamitado las reglas básicas de la ética y la democracia.
Las cajas de ahorro, los ayuntamientos y todo tipo de instituciones han sido tomadas por los políticos y saqueados con mas o menos intensidad y descaro. En el proceso, cientos de miles de ciudadanos han sido humillados, marginados, exprimidos, estafados y robados, además de ver como sus derechos retrocedían y eran violados por el Estado. Sindicalistas y políticos, ayudados por jueces sometidos, periodistas comprados y empresarios y financieros cómplices, han hecho empobrecer al pueblo mediante la corrupción y lo han condenado a pagar sus consecuencias. No debe quedar impune ni uno solo. deben ser desalojados del poder y juzgados. Esa será la caída del régimen y la foto de sus detenciones será el final del despotismo de una España que vendió al mundo la gran mentira de una democracia que nunca existió.
La gente ha perdido el miedo, ha olido la sangre de los políticos en las urnas y espera que se pueda votar de nuevo para practicar la venganza, la justicia y la mas digna de las revanchas. Algunos jueces, por su parte, están sacudiéndose el control indecente que los partidos políticos ejercen sobre el poder judicial y se atreven ya a procesar a algunos de los miles de sinvergüenzas y saqueadores refugiados en el Estado.
España empieza a renacer, pero debe culminar la enorme tarea pendiente de limpieza y desalojo, toda una epopeya que devolverá al ciudadano su protagonismo, su dignidad y su futuro.
España entera está jalonada de inmundicias. Un juez investiga a 44 alcaldes catalanes por cobrar sobresueldos. Anticorrupción acusa a los ediles de simular dietas de la Federació de Municipis de Catalunya. En Andalucía, la jueza Alaya descubre cada día a nuevos canallas incrustados en la Junta. En Castilla la Mancha, Valencia, Baleares y otras regiones ocurre otro tanto. Muchos ayuntamientos arruinan a sus pueblos con obras faraónicas innecesarias y cobrando impuestos abusivos. El Estado mismo, por su dimensión y por haberse convertido en un aparcamiento donde cientos de miles de políticos y sus amigos viven ordeñando el Estado, es ya un monstruo incosteable que aplasta y oprime a la ciudadanía. Los partidos políticos, que deberían ser la solución, son el corazón del problema y son ya, junto con ETA, las bandas con mas delitos y causas ante los tribunales. Si en España existiera una Justicia democrática, los grandes partidos habrían sido precintados y clausurados como asociaciones autoras de demasiados delitos y abusos.
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