Nada más terminar la guerra civil los falangistas más fuertes y poco instruidos de zonas costeras eran colocados como estibadores en los puertos, lo mismo que a los “caballeros mutilados” les entregaban los estancos, en ambos casos como regentes de monopolios laborales y comerciales.
Sus descendientes fueron heredando su actividad, que en el caso de los estibadores se mantuvo gracias a la estructura de sindicato vertical a la que se opone la legislación europea.
El incumplimiento de una resolución del Tribunal de Justicia Europeo de 2014 que obligaba a desmantelar ese monopolio le costó a España 21 millones de euros en multas durante 2016 y 131.000 euros diarios ahora, que crecerán paulatinamente.
Simultáneamente el país sufre una pérdida de competitividad por los altos costes de la estiba en al menos 30 puertos, algunos infrautilizados porque los estibadores imponen un númerus clausus, ahora son 6.156, para seguir cobrando unos 70.000 euros anuales, 4.000 menos que el presidente del Gobierno, aunque con primas llegan a los 100.000.
Los actuales estibadores siguen siendo, en buena medida, herederos de aquellos monopolistas de Falange que gritan contra la ley europea “Ni un paso atrás, Camaradas”, y que amenazaban al Estado ya iniciándose la democracia con “reventar todo” si se rompe su poder.
También fueron piqueteros contra cualquier protesta de otros trabajadores en apoyo de José Antonio Girón de Velasco, ministro de Trabajo y capo de los sindicatos verticales, aunque promotor de la Seguridad Social del régimen.
Los últimos herederos del sindicalismo fascista controlan el 20 por ciento del PIB español, 200.000 millones de euros, que es el comercio de importación y exportación.
En sus manos estamos, lo que demuestra que Franco dejó su régimen bien atado al menos con las estachas de los barcos atracados.
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