Estrategia de deslegitimación

La derecha española ha utilizado históricamente el recurso de la deslegitimación de aquellos datos que le son adversos o no le sirven para criticar al oponente. Javier Arenas fue un artífice en poner bajo sospecha los resultados de las elecciones generales de 1996 que le negaron el acceso a la presidencia de la Junta de Andalucía. Insinuó la posibilidad de un “pucherazo” electoral aunque, ante la gravedad de tales acusaciones en un país plenamente democrático, rectificó y no volvió a cuestionar la derrota sufrida en las urnas. Tal vez por eso, el niño Arenas, con tendencia a la marrullería, jamás consiguió la confianza de los ciudadanos para satisfacer sus ambiciones políticas en la región, a pesar de intentarlo en cuatro ocasiones. Pero su estilo hizo fortuna en la formación en la que milita.
El Partido Popular no tuvo reparos en utilizar la lucha antiterrorista y a las víctimas, llegando a reirse en una comisión de investigación parlamentaria de la comparecencia de Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, como arma política para desgastar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, deslegitimando sus negociaciones con la banda terrorista para conseguir el fin de la lucha armada, a pesar de ser el único presidente que solicitó autorización expresa al Congreso de los Diputados para una iniciativa que habían intentado todos los presidentes anteriores, incluido el instigador del fundamentalismo popular, José María Aznar, quien llegó a denominar de “Movimiento de Liberación Nacional Vasco” a la banda terrorista en el año 1998.
Ahora, otra vez, vuelve el Partido Popular a hacer un uso torticero de las instituciones y de los datos para deslegitimar las cuentas de la Administración andaluza, al poner en solfa el porcentaje de endeudamiento de la Junta de Andalucía, no fiarse de las certificaciones de la Cámara de Cuentas y aceptar a regañadientes los balances que se presentan al Ministerio de Hacienda para la autorización de la cuantía del gasto presupuestario de la Comunidad. Contrariando los deseos absolutistas de los conservadores, que buscaban hacerse con el gobierno en todas las regiones además del central, Andalucía representa, con su coalición gubernamental de izquierdas, una alternativa visible que contrastaría las políticas económicas y sociales que impulsa el Partido de Mariano Rajoy, de marcado sello neoliberal, tendentes al desmantelamiento del Estado de bienestar y el empobrecimiento de la población como respuesta a la crisis financiera que nos aqueja.
Con indisumulada parcialidad, el Gobierno de la Nación otorga a Andalucía peor trato que a las Comunidades con cuentas más deterioradas y mucho más endeudadas, como Valencia, Castilla la Mancha o Murcia, gobernadas por el propio Partido Popular. Sin embargo, las sospechas se dirigen cotidianamente a la contabilidad andaluza siguiendo un “argumentario” al que se adhieren todas las instancias bajo disciplina partidaria. Un día es la secretaria general y presidenta de la Comunidad castellana, Dolores de Cospedal, quien no reconoce la situación económica de Andalucía, el otro es el alcalde de Sevilla, el popular Juan Ignacio Zoido, el que lanza sus sospechas sobre la existencia de facturas escondidas en los cajones de la Junta, para finalmente ser el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el que propone rebajar la capacidad de endeudamiento de la Administración regional y abocarla al estrangulamiento económico basándose en las sospechas propaladas previamente por su propio partido, con clara intencionalidad política. Y si para ello hay que deslegitimar instituciones como la propia Junta de Andalucía, la Cámara de Cuentas y cuántos organismos no concuerden con esa estrategia, se desprestigian sin pudor, despreciando incluso toda lealtad institucional, como ya hizo Arenas en aquellas remotas elecciones. Se trata de la estrategia de la deslegitimación que a veces se puede volver en contra, como le sucede ahora al Partido Popular con la política penitenciaria en relación con la excarcelación por razones humanitarias del preso etarra Bolinaga, enfermo en fase terminal, y que divide a los populares por aplicar leyes que antes cuestionaban. ¿Cómo hubieran utilizando esta cuestión si estuvieran en la oposición? No lo quiero ni imaginar...