Franquismo.

Una de las peores, sino la peor, consecuencias de la actuación franquista del PP ha sido la transformación de un sistema Judicial, que ya era poco fiable, en un absoluto desastre, ineficaz y corrupto.

Disponemos de una policía eficaz, pero cuya eficacia resulta totalmente inútil cuando los asuntos llegan al juzgado, donde la extrema podredumbre del sistema Judicial se encarga de poner las cosas en el sitio que interesa al PP y a la Oligarquía.

Pero esto no es lo peor. Lo peor es que, en mi opinión gracias a la caverna mediática y la estupidez de demasiados españoles, la opinión pública y la ciudadanía han perdido toda sensibilidad frente a la delincuencia y los grupos mafiosos en la política y la burocracia, y no reaccionan en caso alguno contra las continuas chorizadas por más escandalosas y repetitivas que sean.

Uno de los casos paradigmáticos de esta profunda corrupción judicial es el de Miguel Blesa, que no solo cometió casi todo lo ilegal e irregular que puede hacerse desde la presidencia de una institución como Caja Madrid, hoy Bankia, ahora resulta que, ¡¡oh sorpresa!!, también figura en las listas de clientes del bufete panameño que montaba compañías off-shore, y sin embargo, y a pesar de los pesares todavía vive en su lujosa casa y disfruta del patrimonio que consiguió a costa del erario público y del dinero de los clientes de Caja Madrid. En este caso además resultó que un juez honesto, Elpidio José Silva, lo mandó a la cárcel por uno solo de sus muchos delitos, pero un fiscal de los que gustan al PP, practicando lo del mundo al revés, lo sacó de la cárcel y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid inhabilitó al juez Silva durante 17,5 años, añadiéndolo a la lista de jueces seriamente perjudicados por haber actuado contra corruptos del PP. Como en todos los casos no ha ocurrido nada de nada y el Sr. Blesa sigue residiendo en su casa, no ha pagado una sola sanción, no ha devuelto un solo Euro, mientras el juez Silva está expulsado de la carrera judicial.

Estos días en que Montoro ha tenido la desfachatez de culpar a las CCAA del desvío excesivo en el presupuesto, especialmente en lo que a Catalunya y Valencia se refiere, cada vez que aparecían los altos funcionarios de Hacienda escoltando a Montoro en alguna declaración me irritaba soberanamente ver a Antonio Beteta Barreda, Secretario de Estado de Administraciones Públicas, un señor con pelo y barba gris casi blanca, al lado de Montoro soltando acusaciones a las CCAA. Este personaje había sido Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid hasta julio 2011, y el 24 de diciembre 2011, con Rajoy y Montoro recién aterrizados en el gobierno fue nombrado Secretario de Estado de Administraciones Públicas del Mº de Hacienda, y desde entonces no solo ha sido el principal instigador de la barbaridad de fijar un límite de déficit fiscal casi imposible de cumplir a las CCAA que son las que soportan todo el gasto social y de servicio a la ciudadanía mientras la Administración central, que ha hecho poco o nada para reducir sus muy excesivos gastos y mejorar su desastrosa eficacia, tiene asignado un límite muy cómodo, además, no contento con esto ha sido el perseguidor implacable de las CCAA en lo referente al gasto. El tema resulta irritante si se recuerda que cuando el Sr. Beteta fue nombrado Secretario de Estado todavía no existía el límite del 3% que la U.E impone al déficit presupuestario de sus países miembros, pero ya hacía años que tenían la obligación de informar de dichos déficits a Bruselas y en 2011 el déficit español fue muy elevado con las CCAA ya como responsables oficiales de la cifra, pero con la excepción de la Comunidad de Madrid que tenía un déficit casi nulo. El problema fue que a mediados del 2012 los técnicos de Bruselas descubrieron que el dato de déficit que había dado el gobierno Rajoy era equivocado, siendo la mayor parte del error, justo por encima de 1%, debido a la Comunidad de Madrid, y a pesar de que gracias a la declaración de varios funcionarios de la Comunidad madrileña habían serias sospechas de que el error era premeditado y que el inductor del “error” era el señor Beteta, él se sacudió la responsabilidad aduciendo que el error se había producido en el pasado pero que ya tenía otras funciones, y como era de esperar no pasó absolutamente nada de nada, y Beteta y otros implicados continuaron en su puesto y con su brillante carrera sin problemas. Ahora, y a pesar de estar también implicado en varios de los casos de corrupción de la época Aguirre en la Comunidad de Madrid, el sistema franquista del PP permite a este personaje sentarse en la mesa desde la que se acusa a las CCAA de algo que es responsabilidad de la Administración central.

Como último ejemplo de barbaridades y negligencias judiciales me refiero a Mario Conde. Aparte el hecho que fue juzgado por la desaparición de 3.500 millones de los que nunca más se supo, que se declaró insolvente cuando el juez le impuso fianza o sanción de 46 millones, que se aceptó su declaración de insolvencia a pesar de su patrimonio y su tren de vida, resulta que nada menos que en el 2012, hace unos cuatro años, el Ministerio del Interior mandó a una comisión del Parlamento un informe donde ya se detallaban los movimientos financieros por los que ahora se ha detenido a Conde, incluyendo el hecho que había repatriado importes de su patrimonio fuera de España mientras todavía estaba en la cárcel. ¿Qué han estado haciendo estos cuatro años?.

Está muy claro que el mejor negocio que se puede hacer en España es ser político, corrupto y del PP o similares. Las ganancias son inmensas y los riesgos pocos, como mucho unos pocos meses o quizás algún año en la cárcel en condiciones de casi arresto domiciliario y después a disfrutar de los inmensos beneficios del negocio.