Una de las armas más poderosas que tienen los gobiernos de turno es el de la publicidad institucional. Es el principal instrumento de comunicación persuasiva. Persigue, a través de sus mensajes provocar una actitud de adhesión, una actitud positiva en el destinatario con el fin de incrementar su imagen. El poder gubernamental utiliza la publicidad institucional para condicionar a los medios de comunicación con este tipo de mensajes que van más al subconsciente y se dirigen a públicos tanto generalistas como específicos de la población.
De esta manera, consiguen que muchos medios de comunicación se constituyan en portavoces del poder gubernamental, incluso de manera involuntaria.
Este tipo de financiación del medio de comunicación es muy peligroso pues sólo tienen acceso a él medios de comunicación determinados que el poder gubernamental utiliza para difundir sus opiniones o su interpretación de la situación política.
Esta dependencia de fuentes oficiales puede llegar a someter a los medios de comunicación e incluso contaminar su labor informativa.
El poder gubernamental utiliza la publicidad institucional para seleccionar medios de comunicación, cuyos ingresos les viene muy bien y, así, deshacerse de medios críticos, para poder enviar a través de determinados medios globos-sonda y medir la opinión pública antes de tomar una decisión.
El apoyo a determinados líderes políticos, el ensalzamiento de su labor o el respaldo a determinadas decisiones políticas es el peaje que estos medios tienen que pagar por ser parte de los planes de financiación de medios del gobierno de turno a través de diferentes modos de publicidad institucional.
Los rumores o filtraciones son armas comunicativas que son utilizadas para confirmar o desmentir informaciones pero que se utilizan para favorecer un proyecto personal o político determinado.
El problema se plantea cuando, desde el momento en que el poder político cede cuotas de información a los medios de comunicación, el poder político pierde el control de esa información.
Esa pérdida se puede traducir en la diferente jerarquización entre lo que es noticia para el medio y lo que es noticia para el político y, por otro lado, en el diferente ritmo que tiene el poder político y el poder de los medios de comunicación.
En definitiva, una relación delicada entre el poder gubernamental y el poder mediático que hay que vigilar con sumo cuidado para defender y no cercenar la libertad de expresión.
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