Guillermo del Campo, con un 80% de discapacidad, consiguió tras año y medio una plaza de aparcamiento frente a su casa y se encontró con que un vecino lo ocupaba utilizando la tarjeta de una persona fallecida

Guillermo del Campo, vecino del Palo, esperó a que ya no pudiera andar sin muletas para solicitar al Ayuntamiento una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida frente a su casa. Una espondilitis anquilosante, que le causa rigidez en la columna vertebral, provocó que en 2010 tuviera un accidente y se partiera la columna. Le han declarado un 80% de discapacidad.
Su sorpresa fue que, conseguida la plaza de aparcamiento tras un año y medio de espera, un vecino de su edificio aparcaba empleando la tarjeta de un familiar fallecido. «Le tuve que decir que necesitaba aparcar cerca de casa, que me dolían mucho las piernas». Ahora, cuenta, su vecino ya no aparca tanto.No es un caso aislado, por su experiencia calcula que un 50% de las personas que usan este tipo de aparcamientos «no tiene movilidad reducida». Es algo que ve a diario en Echeverría del Palo, en una calle con dos plazas reservadas a la que acude en coche para desayunar con amigos. Curiosamente, mientras el Ayuntamiento ha estado podando unos árboles y permaneció cerca una pareja de la Policía Local, «esos días no solo he podido aparcar sino que el otro aparcamiento ha estado vacío. Es muy significativo».Para este vecino se trata de «falta de ética y de educación cívica», pues son personas «completamente sanas» las que hacen uso de estas plazas. Guillermo del Campo ha enviado cartas al alcalde, al jefe de la Policía Local y al Delegado de Igualdad. Por parte del Ayuntamiento «me contestó el director del área de Movilidad que dio la razón y me dijo que conoce casos de venta de tarjetas, pero me dijo que la Policía Local tiene las manos atadas».Este malagueño propone que los abusos se minimicen cambiando de color de forma periódica las tarjetas, «al igual que los sellos de la ITV» y que sólo se concedan a personas con carné de conducir en vigor. Aunque en su opinión, una solución más efectiva sería que la Junta promulgara una norma «que autorice a los ayuntamientos el controlar el uso de este tipo de tarjetas».www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/04/20/50-aparcan-movilidad-reducida/670555.html
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