Hacienda vigilará la ingeniería fiscal de las firmas de comercio electrónico

El impuesto de sociedades ha demostrado ser extremadamente sensible. La recaudación de este tributo se ha reducido más de un 60% desde que estalló la crisis, mucho más que la caída del PIB. En el Ministerio de Hacienda lo justifican por la internacionalización de empresas, pero también por la planificación fiscal de tipo abusivo. Y admiten que hay un problema con este impuesto.

Por eso, la Agencia Tributaria, que presentó ayer el plan antifraude para 2012, pretende reforzar la investigación de “las operaciones de ingeniería fiscal que busquen reducir impuestos”. Entre ellas, la práctica cada vez más frecuente de deslocalizar empresas o crear nuevas sociedades para las operaciones de comercio electrónico y radicarlas en países con una menor fiscalidad con el único objetivo de eludir impuestos, según se desprende de las directrices del plan de control tributario para 2012 de la Agencia Tributaria que ayer publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Entre los objetivos de este plan antifraude está vigilar a las “entidades residentes en España o no residentes con establecimiento permanente y, por tanto, sujetos a tributación en España que se transforman en entidades no residentes sin establecimiento permanente con la finalidad de dejar de pagar impuestos en España, sin haber modificado en realidad sus formas de operar en territorio español”.

Los resultados de algunas multinacionales que tributan en España reflejan que se han beneficiado de los resquicios de la legislación fiscal para reducir el tipo efectivo del impuesto de sociedades muy por debajo del 30% que rige para este tipo de conglomerados. La Agencia también pretende acentuar el control en la deducción de “los gastos financieros generados artificiosamente para eludir impuestos”, uno de los problemas de la tributación de sociedades. Los gastos financieros son deducibles, al igual que otros conceptos, pero ahora se perseguirá con más ahínco su uso fraudulento que cada vez es más generalizado, señalan fuentes de Hacienda. Es frecuente que la filial de una empresa radicada en España compre otra empresa del grupo y los gastos financieros se los deduzca.

La Agencia espera recaudar con su plan anual de lucha contra el fraude 8.171 millones, un 8% más que la previsión del año pasado. Pero una cifra por debajo de los 10.400 millones que el anterior Gobierno afloró el año pasado. Para ello no aumentarán los recursos de personal, aunque la agencia es una de los pocos organismos que podrá sustituir a uno de cada 10 jubilados.

Otra de las novedades del plan de Hacienda prevé que la Agencia podrá pedir a los jueces que los condenados por fraude, que sean solventes y reincidentes, puedan ingresar en prisión. Hasta ahora si la pena era menor a dos años, los condenados evitaban la cárcel. Además, se reforzarán los embargos preventivos para asegurar el pago de las deudas por delito fiscal. Hacienda se ha fijado entre sus objetivos estrechar el cerco sobre los artistas y deportistas. “Sobre este colectivo se iniciarán 1.436 actuaciones inspectoras, un 14% más que el ejercicio anterior”, señala la Agencia en una nota. Fuentes del ente estatal cifran en 375.000 euros, el importe de fraude descubierto por cada uno de los 28.000 inspectores y técnicos de la Agencia Tributaria. Según este cálculo, en 2012 se podrían recaudar cerca de 500 millones procedentes del fraude de deportistas o artistas. Las mismas fuentes de la Agencia explican que la práctica más común de este colectivo consiste en desplazar sus domicilios a paraísos fiscales o desplazar sus sociedades a territorios con menor tributación.

El plan antifraude destaca el incremento del contrabando de tabaco. Para ello pretende reforzar la actividad de los agentes de aduanas. Fuentes de Hacienda explican que durante los dos primeros meses del año se han incautado de 3,5 millones de cajetillas de tabaco, frente a un millón de cajetillas aprehendidas en el mismo periodo del año anterior. Las mismas fuentes indican que hay indicios para asegurar que la crisis ha provocado un fuerte aumento de este tipo de contrabando.

El órgano fiscalizador prevé reforzar también el control de los alquileres de viviendas y negocios que no se declaren. Para ello revisará la información de los consumos eléctricos de más de 35 millones de inmuebles. La Organización Profesional de Inspectores Fiscales aplaude el plan y alerta sobre “la proliferación de facturas falsas, en muchos casos ligadas a los regímenes de módulos”. Los inspectores recuerdan que en España hay más de 6.000 millones denunciados en los tribunales penales pendientes de cobro.

Fuente: ElPais