La segunda intervención de Financial Pacific, en 2014, terminó con una liquidación llena de tropiezos. El más importante ha sido la falta de información que ha impedido el rastreo del dinero que se invertía a través de la casa de valores. LA PRENSA/Archivo
El dinero supuestamente entregado al expresidente de la República Ricardo Martinelli como apoyo económico por el cobro de impuestos morosos de la empresa Cobranzas del Istmo S.A. (Cisa) “debe ser investigado ante la posible realización de actos de corrupción propiciados a raíz de comisiones irregulares”.Este fue el argumento del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el fallo del 23 de septiembre pasado que admitió una investigación a Martinelli por delitos contra la administración pública.Este expediente fue enviado a la CSJ el 17 de agosto de este año por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo, en copias autenticadas de la investigación que sigue ese despacho al ex director general de Ingresos Luis Cucalón, al empresario Cristóbal Salerno y a otras dos personas por la supuesta comisión de los delitos de peculado y corrupción.Salerno, quien asegura ser el dueño de Cisa, reveló que entregó dinero en efectivo a Martinelli en sus oficinas de Monte Oscuro.Según Salerno cada entrega era aproximadamente de $400 mil a $600 mil.El fallo, al que este medio tuvo acceso, explica que se justifica el inicio de la investigación para esclarecer lo señalado por Salerno.“Los elementos incorporados por el Ministerio Público (...) sugieren la posibilidad de que se haya cometido un acontecimiento con apariencia de hecho punible, en el que a su vez se ha relacionado al diputado Ricardo Martinelli”, indica el fallo, cuyo ponente fue Abel Zamorano.Avalaron este fallo los magistrados Oydén Ortega, Nelly Cedeño, Hernán De León, Harry Díaz y Harley Mitchell. Luis Ramón Fábrega se abstuvo de votar, pero cambió de opinión y luego firmó el fallo.En tanto, el magistrado Jerónimo Mejía no asistió a la reunión del pleno ni habilitó a su suplente.Gabriel Fernández, suplente del magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado, manifestó que la declaración de Salerno no constituye prueba idónea para determinar que hay indicios de un delito cometido presuntamente por Martinelli. “La declaración de Salerno no se ve apoyada por elementos de convicción que de manera indiciaria apunten a que en la operación que refiere el indagado subyace un delito”.Martinelli, actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), salió del país el 28 de enero pasado con rumbo a Guatemala –donde está la sede del Parlacen–. Hoy su paradero es desconocido.
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