Un escalón, un contenedor de basura, una losa suelta, un parque infantil, un banco, un aparcamiento, una alcantarilla, un bordillo, un cajero automático, una acera, una cabina telefónica, un mostrador, un bolardo, una farola... Objetos cotidianos que pasan desapercibidos cada día para la mayoría de la gente son grandes obstáculos para una inmensa minoría. Son motivos de exclusión, social, a todos los niveles. Una callada segregación que sufre buena parte de la población, más de lo que cualquiera pudiera pensar. Porque las barreras arquitectónicas no sólo son para personas con discapacidad. También las sufren mayores, enfermos y niños, a los que también la vida cotidiana se les hace un poco más difícil con aquello que es aceptado con indiferencia por el resto. Es una lucha que viene de lejos, para evitar una discriminación generalizada, al no cumplirse la ley. La Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Huelva (Canf-Cocemfe) trabaja desde 1990 por la integración total de la población en espacios públicos y privados. Y para ello reclama que la onubense deje de ser la única capital andaluza sin un Plan Integral de Accesibilidad. Sería un paso fundamental hacia la consecución de su objetivo.
"No sólo se trata de una profilaxis para la discapacidad. A la larga es un avance social completo porque supone también más autonomía personal, por ejemplo, para los mayores, y tiempo para los demás, que no estarían obligados a dedicarles tanta atención".
El apunte de Josefa Lezcano, presidenta de la federación onubense, trata de aclarar que no hablan de una reclamación sectorial. La suya es una reivindicación por la modernización de las ciudades, por la comodidad común, por mejorar las condiciones de habitabilidad y disfrute de los espacios urbanos. E, incluso, por su potenciación como producto turístico.
El principal perjudicado en el escenario actual es el colectivo de personas con discapacidad. Ellas son la punta de lanza por el cambio porque también son quienes de un modo más directo sufren las barreras físicas que les impiden realizar una vida normal. Porque más que la propia discapacidad física u orgánica que presentan, es la configuración de las ciudades la que no les permiten interactuar como cualquier otra persona.
"Piensan -apunta Lezcano- que queremos caridad, pero sólo queremos ejercer nuestros derechos como ciudadanos. No por el hecho de ir en silla de ruedas debo privarme de reciclar yo misma una botella de vidrio o cruzar una calle sin que me caiga al suelo porque la rejilla de una alcantarilla atrapa una rueda, una muleta o un bastón".
En Huelva capital, como en otros municipios, el Ayuntamiento debe velar por el cumplimiento de los preceptos que marca la ley. El medio indicado para ello es un plan de accesibilidad, con el que deben contar todas las poblaciones andaluzas en la actualidad. Pero Huelva es la única capital de Andalucía que no cuenta con él. "Es un instrumento necesario, clave para la coordinación y la ejecución de la ley en todos los ámbitos", afirma María Domínguez, responsable del Área Social de Canf-Cocemfe Huelva. Lo marca la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía, que vertebra todo lo concerniente a accesibilidad junto al Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
Josefa Lezcano y María Domínguez cuentan cómo es el Ayuntamiento el que debe cumplir y hacer cumplir la ley con el trabajo conjunto de sus áreas de Urbanismo, Medio Ambiente e Infraestructuras. En el centro, todo lo referente a las licencias de obras y de apertura, el talón de Aquiles de las actuaciones en materia de accesibilidad. En los últimos tiempos, aseguran, hay una buena sintonía con las dos primeras concejalías pero nula con la última. La federación interviene en el Consejo de la Discapacidad municipal pero denuncian que su Comisión de Accesibilidad lleva "más de 12 años sin reunirse". "Lo último que vimos en ella fue el proyecto del estadio Nuevo Colombino y ya entonces les advertimos que no cumplía la norma sin que se hiciera nada por cambiarlo", recuerda Domínguez.
En Canf-Cocemfe Huelva lamentan la oportunidad perdida con el Plan E para haber mejorado la habitabilidad de la ciudad en este sentido. Pero más allá de la intervención municipal, reclaman que se apruebe una ley de ámbito estatal que unifique criterios en todas las comunidades para que, por ejemplo, "una rampa de acceso tenga la misma pendiente aquí o en Bilbao" y tanto las obras públicas como privadas se rijan por la misma norma. Y, por supuesto, que se cumpla.
"Realmente esto hace ya tiempo que dejó de ser un tema de concienciación. Hay una ley y hay que cumplirla. Las administraciones deben velar por que se siga siempre. No aprobar proyectos sin revisarlos adecuadamente, hacer inspecciones y ser exigentes", explica la presidenta. "La mayoría de las actuaciones son de sentido común. Ni siquiera se trata de un tema de coste. Tan sencillo -añade- como no poner un pavimento deslizante en una acera porque parezca bonito o poner planchas de goma en un parque infantil para que un padre pueda disfrutar más con sus hijos".
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