In vigilando

Nueve personas, entre ellos cuatro directivos de la SGAE, empezando por su Presidente, Teddy Bautista, han sido detenidos en el marco de una investigación por presuntos delitos societarios, desviando fondos de la entidad para beneficio propio.

Será la justicia la que determine la responsabilidad de los actores en la trama.

Pero hay un aspecto político relevante en todo esto que no es posible dejar de lado. La SGAE es una entidad privada que gestiona los derechos de autor que emanan fundamentalmente, pero no sólo, del famoso canon. Un impuesto privatizado que ha ido creciendo cada año determinado por la inclusión de más y más aparatos digitales susceptibles de ser usados para copiar y/o reproducir música, vídeos, etc.

Le correspondía al Ministerio de Cultura supervisar la actuación de las entidades de gestión de derechos de autor, y pese a las reiteradas denuncias que se han realizado desde diversos ámbitos poniendo de manifiesto las irregularidades que supuestamente se estaban cometiendo, la única actuación apreciable por parte del gobierno ha sido la callada por respuesta.

Hay una responsabilidad de culpa in vigilando que también se debe determinar y que en un país medianamente serio, conllevaría la dimisión de la señora ministra. Pero tranquilos todos porque este no es un país serio.

A estas alturas del partido, jugándose casi una prórroga forzada es prácticamente imposible que la titular de Cultura asuma sus responsabilidades. No lo hizo cuando, en medio de la tramitación de la famosa Ley Sinde, wikileaks sacó los cables que demostraban la sumisión de nuestra política a los intereses de la industria del entretenimiento de los EEUU, así que no hay demasiadas esperanzas que lo haga ahora.

Pero hay que recordar que todo el armazón de los derechos de autor está cuestionado, no sólo por la propia actuación política ya mencionada, sino por sentencias que han determinado la ilegalidad de la aplicación indiscriminada del canon. Y en toda esta pirámide de sinrazones, la punta de la pirámide siempre ha sido la de una cúpula directiva de la sociedad más defenestrada de España, la SGAE, cuyo afán por criminalizar a los usuarios de internet ha sido palpable, como medio siempre de torcer voluntades políticas para legislar a su favor.

Es hora de atajar el problema de raíz. Que la justicia determine las responsabilidades de cada cual, pero también de exigir que los derechos de autor sean reformulados en una sociedad digital, que se gestionen desde agencias públicas, como cualquier otro impuesto, que sean transparentes y que estén exclusivamente al servicio de los titulares de esos derechos, sin especulaciones ni aventuras financieras que valgan.

Post relacionados: