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El proyecto de reforma constitucional que radicó el Partido Conservador con la idea de penalizar el aborto en toda su dimensión tiene implicaciones que van más allá de este propósito. Quienes se oponen a la propuesta aseguran que le cierra la puerta a la eutanasia (una de las opciones para morir dignamente avalada por la Corte Constitucional) y pondría en el terreno ilegal a los profesionales que trabajan en reproducción humana asistida.
Los conservadores buscan que el artículo 11 de la Constitución de 1991 entienda la vida como un derecho “inviolable” que reciba igual protección “desde la fecundación hasta la muerte natural”.
El tema preocupa a varios sectores. Para Juan Mendoza Vega, presidente de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, de aprobarse, se legislaría en contra de la sentencia C-239 de 1997 de la Corte Constitucional, que permite que la eutanasia sea una alternativa para quienes se encuentren en el estado terminal de una enfermedad y deseen morir voluntariamente.
Aunque el tema no ha sido regulado por el Congreso, 14 años después de emitida la sentencia, hoy en Colombia sólo un médico puede realizar este procedimiento si el paciente se lo manifiesta. Pero, por no estar regulado, “toca hacerlo en la intimidad de la familia, razón por la que no existen registros ni estadísticas”, asegura Mendoza.
El exmagistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria, ponente de esta sentencia y defensor del aborto en sus tres casos excepcionales, es crítico de la propuesta que lideran los conservadores. “Esto equivaldría a un cambio de la Constitución (...) porque la del 91 entiende la vida como un derecho y no como una obligación”.
Miguel Gómez, representante a la Cámara del Partido de La U, uno de los firmantes de la iniciativa, defiende el concepto de “muerte natural” y asegura que si se aprueba la iniciativa, el médico es quien podrá decidir el futuro del paciente.
“Cuando los parámetros de recuperación científicos no permiten esperanzas, esa decisión la toma el médico, acompañada por miembros de la familia. Hoy existe la posibilidad de que una persona solicite que no se proceda más allá de lo que la naturaleza dicta. El médico, que por obvias razones está para salvar vidas, es quien toma la decisión”, asegura Gómez, defensor del proyecto de los conservadores.
Esta postura, agrega Carlos Gaviria, “es un recorte de la autonomía del individuo” de decidir sobre su vida. “Es inconcebible dentro de la Constitución”, dice.
Fecundación in-vitro ¿un delito?
Quienes defienden la eutanasia no son los únicos preocupados. Los profesionales que trabajan en reproducción humana asistida consideran que si el Congreso decide aprobar este proyecto de reforma constitucional, su labor se convertiría prácticamente en un delito.
Para el representante Miguel Gómez, la propuesta no tiene por qué afectar las prácticas en las que no se manipulan los embriones y aclara que “no es un proyecto contra la ciencia”.
Sin embargo, para Carlos Sarria, ginecólogo experto en reproducción humana, la propuesta sí “coarta” el ejercicio, por ejemplo, para realizar tratamientos de fecundación in-vitro a las parejas que no pueden tener hijos y recurren a la ayuda de la ciencia como alternativa para ser padres.
Este procedimiento (que consiste en extraer los óvulos de la mujer para fecundarlos con el esperma del hombre en el laboratorio) requiere entre 5 y 8 óvulos que se fertilizan fuera del cuerpo de la mujer, y de los cuales solo uno o dos serán aptos para transferirlos al útero de la futura mamá.
Los óvulos fecundados que no cumplen las condiciones para ser transferidos al cuerpo de la mujer se desechan. De aprobarse la propuesta de los conservadores, se entendería como un ser humano cada uno de esos óvulos fecundados, por lo tanto, desecharlos iría contra la ley.
“Le estarían poniendo condiciones a la práctica médica universal”, dice Sarria, quien advierte que cuando el óvulo fecundado se implanta en el sitio que no debe (como en las trompas de Falopio) se presenta un embarazo ectópico que pone en peligro la vida de la mujer y para salvarla es necesario extirparlo.
En la actualidad, este procedimiento, que médicamente no se entiende como un aborto, no tiene consecuencias legales. Sin embargo, si se realiza el cambio en la Constitución que lideran los conservadores, y que cuenta con el apoyo de las Iglesias católica, musulmana y cristiana, este procedimiento también sería ilegal.
“Si se opera a la señora (para extraer el embrión) y se considera que es un ser humano, entonces se comete un asesinato. Esto generaría incertidumbre y temores. Llevamos muchos años operando embarazos ectópicos. (...) A la luz de la ciencia, lo que hacemos es ayudar a las personas que por métodos naturales no han podido tener hijos y eso alcanza a ser hasta el 15 por ciento de las parejas que hay en el país”, agrega Sarria.
Dentro de los opositores a la propuesta también está el senador conservador Juan Mario Laserna, quien cree que decisiones como estas deben “pertenecer a la esfera estrictamente personal” en las que deben existir límites para el Estado y los gobiernos.
“Hay cosas que son competencia del resorte humano, de la privacidad de la personas –dice Laserna–. No creo que se pueda prohibir la fertilización in-vitro, en un mundo moderno y una sociedad que va cambiando”.
“Hay influencia religiosa”
Existe el temor de que Colombia siga el ejemplo de Costa Rica, en donde quedó prohibido desde el 2000 cualquier tipo de tratamiento de reproducción humana asistida, en parte por la presión que ejerció la Iglesia Católica, que lideró una campaña para catalogar este tratamiento como un homicidio. Hoy, parejas que deseen una fertilización in-vitro deben hacerlo en otros países.
El tema es tan polémico, que entender la vida “desde la concepción”, para varias organizaciones sociales*, llevaría a prohibir métodos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino (DIU), puesto que funciona después de la fecundación. Este método se caracteriza por estimular al útero a liberar sustancias que son hostiles para un óvulo fecundado.
Los que están en contra coinciden en que la postura religiosa, en particular la católica, permea la polémica propuesta que radicó el Partido Conservador. “Intentan obligar a que las normas de una religión las tengamos que seguir todos, queramos o no queramos”, dice el presidente de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente.
Esta posición también la comparte el exmagistrado Carlos Gaviria. “Los conservadores piensan que las mayorías en un país pueden hacerlo todo, pero resulta que los derechos no están sometidos al querer de las mayorías. Hay que defenderlos, incluso, en contravía de ellas”.
* Católicas por el Derecho a Decidir, DeJusticia, Women’s Link Worldwide, Centro de Derechos Reproductivos, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Colombia Diversa, Fundación Mujer y Futuro, Fundación Sí Mujer, Red Colombiana por los Derechos Sexuales y Reproductivos, regional Medellín; y Germán Humberto Rincón Perfetti.

Fuente: La Semana