Un juez de Barcelona, Juan Emilio Vilà, ha imputado por vulneración del derecho a la intimidad y la propia imagen al director de un periódico de Madrid que publicó los nombres y las fotografías del DNI de 22 de los 30 jueces que se adhirieron a la exigencia de celebrar el referéndum ilegal para la independencia catalana.
Treinta servidores del Estado, obligados a respetar y hacer respetar la Constitución, se han unido para traicionarla y desmantelarla. Y denuncian a quien usa la libertad de prensa para exponer su felonía.
El poder de un juez español es temible. El Estado ha confiado en él de manera que puede enviar a prisión a cualquiera con una firma y sin mayores razonamientos, con excepción de los aforados, unos 10.000 políticos y altos funcionarios, entre ellos otros jueces.
El aforamiento existe en España, precisamente, para evitar que cualquier juez alocado se salga de sus funciones y mande a altos mandatarios políticos a la cárcel por capricho o indicios delictivos, sin seguir los procedimientos.
Recuérdese que veníamos de una dictadura en la que los políticos ajenos al Movimiento eran presas de caza. Aunque su protección sería absolutamente innecesaria hoy si el Poder Judicial controlara mejor a sus magistrados estrellas y aventureros.
En otros países hay menos aforados porque sus Constituciones controlan mejor a sus jueces.
Hasta el poderoso expresidente de Cajamadrid, Miguel Blesa, fue a prisión por capricho del juez aspirante a estrella Elpidio Silva, que aplicó irregularmente su potestad, por lo que ahora está procesado.
Quizás Blesa acabe en la cárcel, pero deberá ser por el procedimiento debido.
Cualquier juez puede meternos porque sí en prisión, y si somos gente anónima y no ricos y poderosos, como Blesa, nos pasaremos meses encerrados por robarle la novia a uno de ellos, como le ocurrió al donjuán de un pueblo mediterráneo.
Esa inmensa autoridad debe tener un precio. Y si los jueces abusan de ella deben ser denunciados públicamente ante el pueblo al que podrían encarcelar haciendo un gesto.
Ya está bien de jueces politizados, metidos en asociaciones ideológicas y hasta separatistas.
Cuestión de principios y de autodefensa ciudadana: todo felón y abusador debe ser denunciado, y más si su soberanía es casi absoluta.
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