Jueces policíacos

 Como decíamos ayer, vivimos en pleno Estado lampedusiano cuya represión se lleva a cabo mediante un sistema que llamamos judicíaco por similitud al policíaco pero que como el nuevo término suena tan mal no tenemos inconveniente alguno en llamarlo simplemente judicial.  ¿Qué queremos significar con el término lampedusiano?  Pretendemos indicar que la inspiración total del nuevo régimen se lleva a cabo bajo la canallesca máxima de Lampedusa, el teórico italiano del poder mafioso, en tanto en cuanto el originario poder económico se transmuta falsamente en político para engañar a la gente, haciéndole ver que ya no actúa bajo la pura y dura fuerza física de los regímenes nazifascistas totalitarios sino con la agradable suavidad del poder que gira a través de las urnas.  Y es que Lampedusa les hizo ver a sus congéneres que la fuerza física, la fuerza bruta supone un gasto de energía totalmente inútil y contraproducente desde el punto de vista de la propaganda ideológica, es mucho más efectivo aniquilar la resistencia utilizando la persuasión psicológica que supone que la masa, el populacho crea, piense que quien realmente manda, en último instancia, es él, a través del simulacro de las urnas.  Si yo pienso, me hacen creer que la alcaldesa de mi ciudad depende en última instancia de mí, puesto que se ha aupado al sillón poderoso mediante mi voto, me pacifico incluso cuando ella monta un sistema que les permite sancionarme sin causa, cobrarme la multa un par de veces y luego cuando recurro a la instancia judicial mediante el contencioso-administrativo, el sistema que ayer llamé judicíaco, pero que hoy renombro originariamente judicial, no sólo no me ampara en mi justa reclamación sino que me castiga severamente por ser insumiso respecto al poder ejecutivo que es que les ayuda a ellos a vivir como lo hacen. Es por esto que esa punta de lanza que representa Gallardón ha iniciado esa lucha a muerte para hacerse, aún más, con el poder judicial ya que en él radicará para siempre la efectividad del sistema represivo del Estado español, en el sentido de que será dicho poder el que, en última instancia, decretará inapelablemente la ejecución sobre el patrimonio personal del súbdito de las deudas administrativas decretadas por una Administración tan corrupta que ya ni siquiera guarda las apariencias de legalidad y no sólo te sanciona sin causa legal alguna sino que, además, te ejecuta la sanción mediante el secuestro del vehículo, exigiendo para devolvértelo que pagues dos o tres veces el desmesurado importe de la sanción a más de los gastos de secuestro del mismo.  De manera que si Gallardón consigue cerrar el círculo, es decir, si logra mediante la persuasión económica que los jueces acaten silenciosamente sus consignas, ya no habrá ningún dique que detenga las embravecidas aguas de un ejecutivo ladrón y falaz que 1º te sancionará sin motivo y después ejecutará impunemente él mismo la sanción en el más cínico ejercicio del poder más brutal que nunca se haya visto en la historia de eso que han dado en llamar civilización jurídica, porque los jueces no sólo se negarán a intervenir en tu defensa sino que, además, te exigirán, como a mí han hecho, que deposites previamente para recurrir una desorbitada cantidad a fondo perdido, cantidad que representa casi la mitad del importe de la sanción con el efecto disuasorio que esto supone, de manera que el Estado de Derecho, desaparece por las alcantarillas, los sumideros del poder real, ese poder que significa el ejercicio de la fuerza física de las armas y de las esposas, el símbolo último de la pérdida de la libertad.  Por eso este canallesco Estado es lampedusiano, porque trata, y lo ha conseguido plenamente, de ponerle a la fuerza más brutal que nunca se haya ejercido a lo largo de la Historia, la cínica máscara de la civilidad puesto que en última instancia es un poder judicial absolutamente domesticado el que te llevará a la ruina económica que supone la confiscación de tus bienes o la detención personal en las mazmorras de un poder ejecutivo ya sin ninguna clase de control.  Pero también es judicial, por judicíaco, puesto que se ejerce a través de ese otro poder falsamente independiente del ejecutivo que oficialmente reside en la sede de los tribunales jurisdiccionales que han aprendido a someterse mansamente a los dictados de un poder que no sólo los distingue con sus deferencias en los actos oficiales sino que actúa como elemento decisivamente recaudatorio de los recursos económicos de los que se nutre.  Por eso era tan genial como sincero Alfonso Guerra cuando dijo aquello de que Montesquieu no sólo estaba muerto sino decisivamente enterrado.