Justicia democrática

La justicia suele representarse con los ojos vendados y una balanza en la mano. La venda, como signo de imparcialidad, para no ver a quien juzga; la balanza, para calibrar las pruebas y argumentos de las partes enfrentadas. Sin embargo, aunque se le represente con los ojos tapados, siempre hay quien trata de quitarle la venda para hacerla sectaria e interesada.
Las últimas noticias sobre determinadas decisiones de la justicia nos han tenido muy entretenidos, pero no sorprenden. Esta es una democracia con muchos reparos. Un indicador de la calidad democrática de un país es el grado de autonomía que tenga la justicia con respecto del poder económico o el político. Un país será más democrático cuanto mejor ejerzan sus funciones los jueces y magistrados; cuando estos tengan los recursos necesarios, apliquen la ley sin injerencias y actúen como garantes de los derechos ciudadanos. También cuando sus órganos de gobierno respondan a criterios éticos y democráticos. En este sentido, ¿podemos decir que tenemos un país democrático? La justicia es un servicio público que decide sobre asuntos que pueden afectar a cualquier ciudadano (desahucios, custodia de hijos, separaciones...) y sobre todo tipo de conductas ilícitas (corrupción política, terrorismo, violencia...); también actúa como defensora de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Para desarrollar su cometido es indispensable que sea independiente del poder político. Lo que conocemos del proceso de renovación del Tribunal Constitucional, que responde a los intereses de dos formaciones políticas (PP y PSOE), muestra el uso que algunos hacen de la representación otorgada. No se puede confiar en la justicia cuando sus órganos de gobierno y control están subordinados a los intereses del Gobierno o cuando, para el nombramiento de una parte de sus miembros, prima la afinidad partidaria por encima de los criterios de capacidad y mérito. No se puede confiar en una democracia que ampara el sometimiento de instituciones básicas del Estado de derecho.

Para que un sistema democrático funcione como tal, es preciso que una serie de instituciones -TC, CGPJ o Tribunal de Cuentas, entre otros- sean independientes. El problema no está tanto en el sistema de elección de los miembros de estos órganos como en las intenciones del Gobierno y determinados partidos que, con frecuencia, optan por elegir entre los afines a los más incondicionales. La independencia del poder judicial quiere decir que éste procede sin obedecer consignas ni admitir recomendaciones de particulares o autoridades, que rechaza y denuncia la injerencia del poder político, económico o mediático. Esta independencia es la que distingue a la justicia democrática de la parodia.

Dicho esto, no estoy de acuerdo con la tan cacareada "despolitización" de la justicia si ello significa entregar sus órganos de gobierno a las asociaciones del gremio. Sin embargo, estoy a favor de liberarla de las presiones del poder y de los comisarios políticos que la tienen secuestrada.

Es lunes, escucho a Omar Klein Trio:

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