Karen Atala icono de la lucha por la diversidad sexual en Chile.

A la jurista chilena le quitaron a sus hijas por ser lesbiana.

En Chile, un país donde el divorcio se legalizó en 2004 y el aborto está penalizado en todas sus causales, la sociedad parece avanzar más rápido que sus leyes. Las técnicas de fertilización asistida y de maternidad subrogada han posibilitado la conformación de familias diversas. “Los menores que viven con progenitores del mismo sexo, sin embargo, se encuentran en absoluta desprotección jurídica y el Estado los discrimina respecto a los otros niños”, señala la juez Karen Atala, directora de Fundación Iguales, que trabaja por los derechos de la diversidad sexual. “La ley solo les reconoce su vínculo filial con uno de sus padres o madres. ¿Y qué pasaría si esa pareja se separa, o muere uno de ellos, por ejemplo? Los hijos quedarían absolutamente desprotegidos”.

La sociedad chilena, en un alto porcentaje, sigue discriminando la diversidad sexual

Atala, de 52 años, conoce los prejuicios con que en ocasiones actúan las instituciones. En mayo de 2004, la Corte Suprema determinó que no podía tener la custodia de sus tres hijas por ser lesbiana y vivir con su pareja. Fue el primer caso de estas características que se conoció en la opinión pública chilena y encendió el debate. Las niñas tenían tres, cuatro y ocho años cuando la justicia se las quitó y entregó al padre, el exesposo de la magistrada, que la acusaba de no estar capacitada para ejercer su maternidad por ser homosexual. Las dos pequeñas todavía dormían con ella y la menor usaba pañales por la noche. “Ser privada de criar a tus propias hijas, que tuviste en tu vientre, pariste y amamantaste, es un dolor que no se puede explicar”, señaló la juez en agosto de 2011, en la audiencia pública del juicio que emprendió contra el Estado de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El juicio estuvo lleno de anomalías. Antes de que su caso fuera conocido por la ciudadanía, uno de sus superiores en el Poder Judicial la citó a su despacho para exigirle que actuara con “dignidad y decoro” y entregara a sus niñas. Revisaron su computador y las páginas web que visitaba y hasta interrogaron a sus compañeros de trabajo. El magistrado que debía resolver su caso le solicitó exámenes para descartar enfermedades de transmisión sexual. Todo el proceso, en definitiva, estaba basado en un prejuicio, que ser mujer heterosexual es sinónimo de ser buena madre y ser mujer lesbiana, de mala madre y promiscuidad. Y terminó con una sentencia de la Corte Suprema, de última instancia, por la que Atala perdió para siempre la posibilidad de ver crecer a sus niñas, que vivieron toda su infancia fuera de Santiago junto a su padre. Actualmente tienen 16, 17 y 21 años

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Nota publicada por Rocio Montes para El Pais