La certificación de eficiencia energética en Aragón, próxima a implantarse

Los profesionales que realizan los certificados de eficiencia energética de viviendas denuncian el fraude existente en la Comunidad de Aragón por la falta de registro y control de las empresas encargadas en llevar a cabo la gestión y, además, muchos particulares no lo llevan a cabo al vender o alquilar su vivienda. Desde el Departamento de Industria afirman que el sistema de control y registro estará preparado inminentemente. 

Certificación de eficiencia energética en Aragón

Desde 2007, los nuevos edificios construidos en España poseen un certificado de eficiencia energética. Una medida puesta en marcha desde la Unión Europea que intenta fomentar la sostenibilidad y reducir el consumo de energía. El resto de inmuebles levantados antes de ese año comenzaron a estar obligados a poseer este documento el año pasado.

Desde el 1 de junio de 2013, según marca el Plan Integral de Vivienda y Suelo implantado por el Gobierno de España, todas las viviendas que sean vendidas o alquiladas, por más de cuatro meses en toda España, deben realizar este certificado. El decreto marca que cada Comunidad Autónoma debe poner en marcha los mecanismos necesarios para regular el sistema.

Algunas de ellas ya lo han hecho; sin embargo, en Aragón la falta de control está perjudicando su implantación efectiva según la opinión de los profesionales encargados de realizar esta certificación.

El Gobierno de Aragón asegura que desde el verano pasado se está trabajando en la creación de estos mecanismos. Sin embargo, la realidad es que, después de nueve meses, en Aragón la eficiencia energética sigue sin regularse.

Muchos de los inmuebles que están a la venta o alquiler en Aragón en páginas inmobiliarias dejan vacía la casilla correspondiente a esta certificación, ya que los propietarios saben que, por el momento, no hay ningún organismo que los controle.

Hasta que este registro no se materialice, muchos propietarios de viviendas seguirán sin realizar los certificados, porque el Gobierno de Aragón no obliga todavía a que cada vivienda vendida o alquilada necesite presentar el certificado de eficiencia energética en el registro de la Diputación General y éste debería haberse hecho ya en 2007.

Pero más perjudiciales aún están resultando las malas prácticas que realizan algunas empresas que ofertan la expedición de certificados. Éstas anuncian precios de hasta 50 euros y, para obtenerlos, los dueños apenas tiene que rellenar unos datos genéricos sobre el edificio.

Hacer un certificado que refleje la realidad sobre un inmueble requiere al menos de ocho a nueve horas de trabajo, ya que es fundamental realizar una inspección ocular y un archivo fotográfico del edificio o recabar información de su construcción en el ayuntamiento. Éstas son labores imprescindibles para hacer un análisis certero. Además del registro de certificados de eficiencia energética de vivienda, el Gobierno de Aragón debe articular un equipo de inspectores que vigilen la legalidad de los certificados realizados.

El Colegio de Arquitectos Técnicos de Zaragoza ha puesto en marcha una serie de cursos para enseñar a los profesionales a manejar los programas informáticos avalados para obtener la calificación del edificio y conseguir esos datos correctamente durante la inspección del edificio, tanto de la construcción del mismo, como de las instalaciones que posee.
Unos fraudes que están perjudicando mucho a un sector en crisis como es el de los aparejadores. Numerosos jóvenes que han acabado sus carreras saben que, en los certificados de eficiencia energética, hay un filón desde donde poder trabajar dentro de su campo profesional.

Estas malas prácticas por parte de algunas compañías ya han tenido sus consecuencias para algunas. La Comunidad de Madrid ha comenzado a poner multas, pero en Aragón no se puede controlar cuáles están mal hechas porque al no haber registro, no hay mecanismos de control, como inspectores que comprueben si están hechos cumpliendo los requisitos necesarios.

Las comunidades que todavía no han puesto en marcha el registro, como Aragón, parecen estar tomando ejemplo de Estado. España ha tardado tanto en implantar la directiva comunitaria sobre eficiencia energética de viviendas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó en enero de 2014. La Comisión interpuso la denuncia porque debería haberse implantado en todos los países de la UE, a más tardar, en 2006.