La juez Mercedes Alaya pedirá una comisión de servicio para continuar en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, donde se tramitan causas como los ERE o los cursos de formación.
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El plan de refuerzo, que incluye el mantenimiento de los funcionarios de apoyo al juzgado, se propone al Consejo General del Poder Judicial para dar respuesta a las “macrocausas” que tramita ese juzgado, “de gran complejidad y voluminosidad”.
Las dos plazas de jueces de comisión de servicio con relevación de funciones se ofertarán en un concurso abierto y público, aunque una de las condiciones para adjudicarlas será el conocimiento de las causas que se tramitan en el juzgado número 6 y que comenzó Alaya.
Y ello, al mismo tiempo que el ex-Interventor de la Junta de Andalucía declara en el Supremo que:
“advirtió a la Junta de Andalucía de iregularidades en la concesión de ayudas sociolaborales. Sin embargo, el Gobierno «hizo oídos sordos y miró para otro lado», ha dicho“.
No sé si habrá presentado pruebas al respecto, pero también está imputado y, como él mismo dice, no sólo le afectan las declaraciones de los ex-presidentes a él, sino también a “a decenas de funcionarios que cumplieron siempre con sus obligaciones legales de control“. Se están cubriendo de gloria todos.
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